Al menos 97 miembros actuales del Senado y de la Cámara de Representantes de EE.UU. reportaron la venta y la compra de acciones y otros activos financieros realizados por ellos mismos o sus familiares inmediatos en sectores que podían verse afectados por su área de trabajo en el Congreso, según revela una extensa investigación del diario The New York Times, publicada en septiembre, que se basa en el análisis de los datos comerciales del 2019 al 2021.
Así, los periodistas del diario cotejaron las transacciones de los políticos con el trabajo de los comités, las audiencias y las investigaciones del Congreso para descubrir posibles vínculos entre sus actividades profesionales y las inversiones personales.
Concretamente, se descubrió que durante esos tres años 183 senadores o representantes actuales informaron sobre transacciones con diferentes tipos de activos financieros efectuados por sí mismos o sus familiares. Más de la mitad de ellos (es decir, 97 congresistas o casi una quinta parte del Parlamento) formaban parte de los comités del Congreso que podrían darles información privilegiada sobre compañías, cuyas acciones vendían o compraban.
Además, los 44 diputados más activos en el mercado bursátil comerciaban con los títulos de valor de compañías sobre las que sus tareas en los comités podrían proporcionarles información adicional sobre las empresas.
“A lo largo del período de tres años, más de 3 700 transacciones reportadas por legisladores de ambos partidos plantearon posibles conflictos entre sus responsabilidades públicas y las finanzas privadas”, enfatizaron los autores de la publicación.
En este sentido, apuntaron a que “muchos de los ejemplos” que enumeran en su investigación muestran “cómo el trabajo legislativo y las decisiones de inversión pueden solaparse de manera que, como mínimo, pueden dejar la apariencia de un conflicto y que a veces forman un patrón preocupante, incluso si técnicamente están dentro de las normas”.
Bajo la llamada ‘Ley Stock’ de 2012, a los miembros del Congreso se les permite comprar y vender acciones, bonos y otras herramientas financieras siempre que no negocien con información privilegiada o revelen cualquier transacción propia o de sus familiares directos por valor de 1 000 dólares o más en un plazo de 45 días.
Igual que el resto, los legisladores están sujetos a las leyes en contra del comercio de información privilegiada, pero pueden obtener datos confidenciales en su trabajo “en un día cualquiera”, encuentros, reuniones informativas secretas y otros eventos, destaca el medio.
The New York Times enumera posibles conflictos de intereses de cada uno de los 97 congresistas que figuran en la investigación. Entre otros casos, está el de Bob Gibbs, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, quien adquirió acciones de la farmaceútica AbbVie en 2020 y 2021, cuando su comité investigaba a la empresa y a sus cinco rivales sobre altos precios de medicamentos.
Además, el esposo de la representante Carol Miller compró títulos de valor de la misma compañía durante la pesquisa, mientras Miller también servía en el comité de Gibbs. La esposa y los hijos de Ro Khanna, otro miembro del mismo comité, también obtuvieron o se desprendieron de las acciones de AbbVie durante la revisión, al tiempo que realizaban transacciones con otras siete empresas, cuyo trabajo revisaba Khanna.
Mientras, el legislador Alan Lowenthal informó en la declaración de divulgación financiera que su cónyuge había vendido las acciones del gigante aeroespacial Boeing el 5 de marzo de 2020, un día antes de que el comité en el que participaba Lowenthal publicara un informe que reveló los fallos de la compañía que llevaron a los dos siniestros de los Boeing 737 MAX en octubre de 2018 y marzo de 2019, dejando un total de 346 víctimas mortales.
Entre los congresistas sospechosos no figura el nombre de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dado que no forma parte de ningún comité. Al mismo tiempo su marido Paul Pelosi invierte en el sector inmobiliario y de tecnologías. Entre 2019 y 2021 reportó la venta y la compra de activos por valor de entre 25 millones y 81 millones de dólares.
(Tomado de RT en Español)
