Por Cuaderno Sandinista
17 de noviembre de 2026
La llegada de más de 2.000 militares salvadoreños a Haití, ordenada por el presidente Nayib Bukele durante octubre de 2026, ha abierto un nuevo capítulo en la prolongada crisis política, institucional y de seguridad que atraviesa la nación caribeña. La operación, presentada como una respuesta a la expansión de las organizaciones criminales, plantea interrogantes que trascienden el combate contra las pandillas y alcanzan los principios fundamentales de soberanía, autodeterminación y responsabilidad internacional de los Estados.
La magnitud del despliegue, las dudas sobre su encuadramiento jurídico y la ausencia de información pública suficiente acerca de sus reglas operativas han provocado cuestionamientos entre especialistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad haitiana.
Según informó Reuters el 16 de noviembre, la mayor parte del contingente salvadoreño opera fuera de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), mecanismo multinacional autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta circunstancia plantea diferencias relevantes entre la misión internacional formalmente constituida y la operación adicional impulsada por el Gobierno de El Salvador.
La cuestión de fondo no se limita a determinar cuántos soldados extranjeros pueden desplegarse en Haití. También exige establecer bajo qué autoridad actúan, cuáles son los límites de sus operaciones y qué instituciones deben responder ante eventuales violaciones de los derechos humanos.
Para América Latina y el Caribe, la situación adquiere especial importancia por los antecedentes históricos de intervención extranjera y por las tensiones persistentes entre las necesidades de seguridad, la cooperación internacional y el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino.
El despliegue salvadoreño y los interrogantes sobre su mandato
El 18 de octubre de 2026, cuatro integrantes salvadoreños vinculados a una misión internacional de seguridad desaparecieron después de una emboscada atribuida a grupos armados en las inmediaciones de Puerto Príncipe.
La desaparición precipitó una ampliación extraordinaria de la presencia militar salvadoreña. Los primeros refuerzos llegaron durante los días siguientes y, antes de finalizar octubre, el contingente superaba los 2.000 efectivos, según información posteriormente confirmada por autoridades haitianas y reportes internacionales.
La operación se produjo en un escenario marcado por el control territorial que ejercen las pandillas sobre amplias zonas de Puerto Príncipe, los ataques contra comunidades y las dificultades de las instituciones haitianas para garantizar la seguridad de la población.
Sin embargo, la respuesta militar abrió una controversia acerca de su mandato. Aunque El Salvador participaba previamente en los mecanismos internacionales de apoyo a Haití, el despliegue adicional se desarrolló en condiciones distintas a las establecidas para la GSF.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había aprobado, mediante la Resolución 2793 de septiembre de 2025, la creación de una fuerza multinacional con un máximo autorizado de 5.550 integrantes. Su mandato contempla operaciones contra las organizaciones criminales, apoyo a las instituciones haitianas y protección de infraestructuras esenciales, siempre bajo obligaciones expresas de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos.
Posteriormente, la Resolución 2829, aprobada el 29 de septiembre de 2026, prorrogó ese mandato hasta el 31 de marzo de 2027.
No obstante, el hecho de que exista una fuerza multinacional autorizada no significa automáticamente que cualquier despliegue militar extranjero en territorio haitiano quede comprendido dentro de sus facultades.
De acuerdo con Reuters, Naciones Unidas ha señalado que la gran mayoría de los militares salvadoreños desplegados recientemente opera fuera de la GSF. Esta diferencia obliga a examinar la naturaleza de los acuerdos bilaterales y los mecanismos de supervisión aplicables a esas tropas.
La soberanía de Haití y el consentimiento de sus autoridades
Uno de los aspectos más controvertidos de la operación es la autorización otorgada por las autoridades haitianas.
El derecho internacional reconoce que un Estado puede solicitar asistencia militar extranjera, siempre que se respeten las condiciones jurídicas aplicables. Sin embargo, la existencia de una invitación gubernamental no elimina la obligación de garantizar el respeto a la soberanía nacional, la protección de la población civil y la responsabilidad por las actuaciones de las fuerzas desplegadas.
La situación institucional de Haití añade complejidad a este debate.
Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el país atraviesa una prolongada transición política. La ausencia de autoridades nacionales elegidas mediante procesos electorales recientes y el debilitamiento de sus instituciones representativas han generado cuestionamientos sobre la legitimidad democrática de decisiones que comprometen la presencia de fuerzas armadas extranjeras.
El reportaje publicado por Resumen Latinoamericano el 14 de noviembre recoge la valoración del especialista haitiano Emmanuel Paul, quien considera que el despliegue constituye una vulneración de la soberanía nacional. Su argumento se relaciona con las limitaciones institucionales existentes para autorizar y supervisar acuerdos militares de esta naturaleza.
En contraste, las autoridades haitianas han defendido la cooperación con El Salvador como un instrumento necesario para recuperar territorios controlados por organizaciones criminales y restablecer condiciones mínimas de seguridad.
Ambas posiciones expresan una tensión fundamental: la necesidad inmediata de proteger a la población frente a la violencia y la obligación de preservar mecanismos legítimos de decisión y control sobre las fuerzas extranjeras.
Desde una perspectiva jurídica, la falta de transparencia sobre los acuerdos no basta por sí sola para demostrar la ilegalidad de la operación. No obstante, constituye un motivo relevante para exigir la publicación de sus condiciones, la identificación de la cadena de mando y la existencia de procedimientos efectivos de rendición de cuentas.
Derechos humanos y responsabilidad de las fuerzas extranjeras
La presencia de tropas extranjeras en un territorio afectado por violencia generalizada plantea responsabilidades particularmente delicadas.
La lucha contra las organizaciones criminales no suspende las obligaciones de proteger a la población civil, prevenir las detenciones arbitrarias, investigar las muertes ocurridas durante operaciones de seguridad y garantizar recursos judiciales efectivos a las víctimas.
Uno de los problemas identificados es la posible existencia de diferencias entre la jurisdicción aplicable a los integrantes de la GSF y la correspondiente a los militares salvadoreños desplegados mediante acuerdos bilaterales.
Estas diferencias pueden adquirir consecuencias concretas cuando se producen denuncias por uso excesivo de la fuerza, afectaciones a civiles o actuaciones contrarias a las normas internacionales.
El Gobierno salvadoreño ha desarrollado desde 2022 un régimen de excepción para combatir a las pandillas dentro de su territorio. Aunque sus autoridades destacan la reducción de la violencia criminal, organizaciones de derechos humanos han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, fallecimientos bajo custodia y restricciones a garantías fundamentales.
La eventual proyección de ese modelo hacia Haití obliga a considerar las diferencias entre ambos países, particularmente en sus estructuras sociales, condiciones institucionales, características de los grupos armados y capacidad de supervisión judicial.
La experiencia salvadoreña no puede trasladarse mecánicamente a otra realidad nacional.
En Haití, las operaciones de seguridad se desarrollan en barrios densamente poblados, donde numerosas familias permanecen atrapadas entre las acciones de las pandillas y las respuestas armadas de las fuerzas estatales y extranjeras.
Por ello, cualquier intervención debe evaluarse no solamente por el territorio recuperado o por el número de integrantes de grupos criminales neutralizados, sino también por sus consecuencias sobre la vida, la integridad y los derechos de la población.
La población haitiana entre la violencia y la presencia militar
El debate sobre la intervención extranjera no puede comprenderse sin escuchar a quienes viven diariamente las consecuencias de la crisis.
Las pandillas han impuesto formas de control territorial que afectan la movilidad, el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los servicios públicos y el acceso a hospitales y escuelas.
En numerosas comunidades, la violencia ha provocado desplazamientos, destrucción de viviendas y una profunda sensación de abandono institucional.
Por esta razón, la llegada de militares salvadoreños también ha generado expresiones de esperanza entre sectores de la población que consideran urgente recuperar la seguridad.
El reportaje de Resumen Latinoamericano recoge las posiciones de organizaciones haitianas de derechos humanos y activistas que reconocen la necesidad de enfrentar a las pandillas, pero advierten sobre los peligros de una operación militar sin suficientes garantías de protección civil.
Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití, ha insistido en la importancia de diferenciar a los integrantes de organizaciones criminales de los habitantes de los territorios donde estas operan.
La distinción resulta esencial. Vivir en una comunidad sometida al control de una pandilla no convierte a sus habitantes en responsables de las actividades criminales que allí se desarrollan.
También existen voces que cuestionan la dependencia de fuerzas extranjeras para resolver una crisis cuyas causas incluyen el debilitamiento institucional, la desigualdad social, el tráfico de armas y la falta de oportunidades económicas.
La situación revela que la recuperación de la seguridad requiere algo más que operaciones militares. Exige reconstruir instituciones, fortalecer la justicia, garantizar servicios esenciales y crear condiciones para que la sociedad haitiana recupere el control democrático de su futuro.
La memoria histórica del intervencionismo en el Caribe
La presencia militar extranjera en Haití forma parte de una historia regional marcada por ocupaciones, intervenciones y operaciones internacionales cuyos resultados han sido objeto de controversia.
Haití ocupa un lugar singular en la historia de América Latina y el Caribe. Su revolución, culminada con la independencia en 1804, puso fin al régimen colonial francés y dio origen a la primera república independiente surgida de una revolución de personas esclavizadas.
Ese acontecimiento transformó la historia del continente y convirtió a Haití en un referente de las luchas contra la esclavitud y la dominación colonial.
Sin embargo, durante los siglos posteriores, el país enfrentó presiones económicas, injerencias políticas y ocupaciones militares extranjeras que condicionaron profundamente su desarrollo institucional.
Entre 1915 y 1934, Estados Unidos mantuvo una ocupación militar de Haití. Décadas después, nuevas misiones internacionales participaron en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción del Estado haitiano.
La Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), desplegada entre 2004 y 2017, dejó un legado controvertido. A sus operaciones de seguridad se sumaron graves cuestionamientos por abusos y por la introducción del cólera, vinculada a integrantes de las «fuerzas de paz».
Estos antecedentes contribuyen a explicar por qué una parte de la sociedad haitiana observa con preocupación la llegada de nuevos contingentes extranjeros, incluso cuando reconoce la gravedad de la crisis de seguridad.
La experiencia de República Dominicana en 1965 ofrece otro antecedente relevante para América Latina.
Durante aquel año, Estados Unidos intervino militarmente en territorio dominicano en medio del conflicto desencadenado por el movimiento constitucionalista que reclamaba el restablecimiento del orden democrático interrumpido tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch.
Posteriormente, la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció una «Fuerza Interamericana de Paz», integrada por contingentes de varios países de la región.
Aquella intervención continúa siendo objeto de análisis histórico por sus implicaciones para la soberanía dominicana, la política estadounidense durante la Guerra Fría y el papel de los organismos regionales.
La comparación con Haití no supone que ambos acontecimientos sean jurídicamente idénticos. Permite, sin embargo, identificar una preocupación histórica recurrente: las condiciones bajo las cuales una crisis interna puede dar lugar a una presencia militar extranjera y los límites que deben establecerse para proteger la independencia política del Estado receptor.
Estados Unidos y la dimensión geopolítica de la operación
La participación de El Salvador en Haití también debe examinarse dentro del contexto más amplio de las relaciones de «seguridad» entre Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe.
El reportaje original señala que el despliegue salvadoreño ha contado con distintos mecanismos de «cooperación logística regional», incluida la participación de medios de transporte estadounidenses.
Estas relaciones plantean interrogantes sobre la distribución de responsabilidades políticas y operativas entre los gobiernos involucrados.
El debate resulta especialmente relevante por el interés de Washington en las «políticas de seguridad del continente», la lucha contra el narcotráfico, la migración y la cooperación militar con gobiernos latinoamericanos, que no son más que excusas para intervenir militarmente y promover la injerencia en las decisiones propias de pueblos soberanos.
En este escenario, el presidente Nayib Bukele ahora sirve de instrumento del gobierno de Estados Unidos para exportar su experiencia de «seguridad» a otros territorios, especialmente considerando sus políticas de encarcelamiento masivo y combate contra las pandillas.
Muchas organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos asociados a la suspensión prolongada de garantías y a la concentración de facultades coercitivas en esos procesos de encarcelamiento.
La intervención en Haití representa, por tanto, un caso especialmente significativo para estudiar la posible internacionalización de «políticas de seguridad» concebidas originalmente para responder a la criminalidad interna salvadoreña.
La seguridad no puede separarse de la soberanía
El debate sobre Haití plantea una cuestión de alcance continental: cómo responder a amenazas graves contra la seguridad de la población sin debilitar los principios de soberanía, independencia política y autodeterminación.
La Carta de Naciones Unidas reconoce la igualdad soberana de los Estados y establece límites al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Estos principios no impiden toda forma de cooperación militar solicitada por un gobierno, pero exigen que las operaciones se desarrollen dentro de un marco jurídico definido y con responsabilidades identificables.
La Resolución 2793 del Consejo de Seguridad establece expresamente que las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas deben respetar la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la unidad de Haití.
La resolución también exige el cumplimiento del derecho internacional aplicable y la protección de los derechos humanos.
Por consiguiente, el examen de la presencia salvadoreña debe concentrarse en determinar qué parte del contingente opera dentro del mandato multilateral, qué parte responde a acuerdos bilaterales y cuáles son las obligaciones concretas asumidas por los gobiernos.
La cooperación internacional puede contribuir a enfrentar amenazas que desbordan las capacidades de un Estado. Pero su legitimidad y eficacia dependen también de la transparencia, la supervisión y la participación de las instituciones nacionales.
La reunión de San Salvador y el futuro de las tropas
El 16 de noviembre de 2026 se produjo un nuevo acontecimiento diplomático relacionado con la operación.
Según informó Reuters, el ministro de Seguridad haitiano, Patrick Pelissier, viajó a El Salvador para mantener conversaciones con el presidente Nayib Bukele, en sustitución del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien permaneció en Haití.
Durante la visita, el representante haitiano valoró positivamente la presencia salvadoreña y sostuvo que había contribuido a generar expectativas de recuperación de la seguridad entre la población.
También señaló que las autoridades haitianas preparaban nuevas conversaciones sobre una posible ampliación de la misión.
No obstante, seguían sin conocerse públicamente todos los detalles relativos a la duración del despliegue adicional y a sus mecanismos de supervisión.
La reunión confirmó que el futuro de las tropas salvadoreñas continúa formando parte de las negociaciones entre ambos gobiernos, supervisado por supuesto por la tutela del gobierno de Estados Unidos.
Para la sociedad haitiana, estas decisiones tendrán consecuencias directas sobre la seguridad cotidiana, el funcionamiento de sus instituciones y las posibilidades de avanzar hacia una transición política respaldada por procesos electorales.
Haití y el derecho de los pueblos a decidir su futuro
La crisis haitiana concentra problemas de enorme complejidad: violencia armada, debilitamiento institucional, desplazamiento de comunidades, desigualdad social y dificultades para reconstruir mecanismos democráticos de representación.
Ninguno de estos desafíos admite soluciones simples.
La recuperación de territorios controlados por organizaciones criminales puede representar un avance inmediato para las comunidades afectadas. Sin embargo, una estrategia sostenible también necesita instituciones capaces de garantizar justicia, servicios públicos, oportunidades económicas y participación política.
La experiencia histórica de América Latina y el Caribe demuestra que la presencia militar extranjera puede producir resultados sangrientos según sus objetivos, su duración, su legitimidad y los mecanismos de control existentes.
En Haití, el debate adquiere una dimensión profunda por el significado histórico de su independencia y por las sucesivas intervenciones que han condicionado su trayectoria nacional.
La comunidad internacional enfrenta así una responsabilidad doble: contribuir a proteger a la población frente a la violencia y respetar el derecho del pueblo haitiano a determinar su organización política y sus prioridades nacionales.
La cuestión decisiva no es únicamente quién logra recuperar el control de las calles de Puerto Príncipe, sino qué instituciones ejercerán ese control, bajo qué leyes actuarán y cómo podrá el pueblo haitiano decidir sobre su propio futuro.
El desenlace de esta operación tendrá importancia más allá de las fronteras haitianas. Sus resultados contribuirán al debate latinoamericano sobre los límites de la «cooperación militar», la responsabilidad de los Estados y la relación entre seguridad, soberanía y democracia.
Referencias
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (2025). Resolución 2793 (2025), sobre la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. Naciones Unidas.
https://mandates.un.org/mandate/S/RES/2793%282025%29
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (2026). Resolución 2829 (2026), sobre la prórroga del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. Naciones Unidas.
https://mandates.un.org/mandate/S/RES/2829%20%282026%29?subject=Gangs
Morland, S., y Arbaiza, G. (2026, 16 de noviembre). Haiti praises Salvadoran troop deployment ahead of Bukele talks. Reuters.
https://www.reuters.com/world/americas/haiti-praises-salvadoran-troop-deployment-ahead-bukele-talks-2026-11-16/
Resumen Latinoamericano. (2026, 14 de noviembre). El Salvador. Bukele ensaya en Haití el modelo que podrían imponer en la región.
https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/11/14/el-salvador-bukele-ensaya-en-haiti-el-modelo-que-podrian-imponer-en-la-region-2/
The New Humanitarian y AyiboPost. (2026, 11 de noviembre). Haiti in-depth: What Bukele’s intervention means for the security crisis.
https://www.thenewhumanitarian.org/analysis/2026/11/11/haiti-depth-what-bukeles-intervention-means-security-crisis
