Por Cuaderno Sandinista
Cinco días después del derribo del avión C-123K que abastecía de armas a la contrarrevolución, el padre Miguel d’Escoto Brockmann, canciller de Nicaragua, llevó el caso ante las Naciones Unidas.
El 10 de octubre de 1986, d’Escoto intervino ante la 41 Asamblea General de la ONU. Según la reconstrucción histórica del caso Hasenfus, llevaba consigo algunos de los documentos recuperados entre los restos de la aeronave derribada el 5 de octubre en Río San Juan.
La aparición de aquellos documentos reforzaba la posición que Nicaragua venía sosteniendo internacionalmente: la guerra contrarrevolucionaria no podía entenderse únicamente como un conflicto interno nicaragüense.
Para Miguel d’Escoto, el episodio debía ser colocado inmediatamente en el terreno del derecho internacional.
Los documentos del C-123K llegan a Naciones Unidas
El avión derribado había partido de la base aérea de Ilopango, en El Salvador, con armamento destinado a las fuerzas contrarrevolucionarias que operaban dentro de Nicaragua.
Entre los restos de la aeronave fueron encontrados documentos relacionados con los vuelos de abastecimiento. A esto se sumaban las declaraciones del único sobreviviente, Eugene Hasenfus, quien comenzó a proporcionar información sobre la estructura en la que había trabajado.
Cinco días después, parte de aquella documentación estaba en manos del canciller nicaragüense ante la Asamblea General.
La participación de d’Escoto fue, por tanto, específica: convertir las evidencias surgidas del derribo en un instrumento de la denuncia diplomática de Nicaragua.
Su intervención vinculó aquellos hechos con una batalla que el Gobierno Sandinista ya había llevado hasta la máxima instancia judicial de las Naciones Unidas.
La sentencia de La Haya como punto central
El 27 de junio de 1986, pocos meses antes del derribo del C-123K, la Corte Internacional de Justicia había emitido su sentencia en el caso presentado por Nicaragua contra Estados Unidos.
Por eso, el 10 de octubre, Miguel d’Escoto no se limitó a denunciar el abastecimiento de la contrarrevolución.
Exigió a Washington que cumpliera la sentencia de la Corte.
Desde la tribuna de Naciones Unidas se dirigió directamente al presidente Ronald Reagan y al secretario de Estado George Shultz:
“Señor Presidente Reagan, Señor Secretario Shultz: donde sea que se encuentren, desde aquí, desde las Naciones Unidas, les exigimos, en nombre del Dios en quien ustedes dicen creer, y en el del que mi pueblo y yo en verdad creemos, que cesen la guerra, que acaten la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que ajusten su política exterior a las normas establecidas en la Carta, pues, aunque poderosos, no se crean con derechos que Dios no ha conferido a ningún hombre ni a ninguna nación”.
La exigencia contenía tres puntos concretos: cesar la guerra contra Nicaragua, acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y someter la política estadounidense a las normas de la Carta de las Naciones Unidas.
“Los responsabilizamos”
Miguel d’Escoto Brockmann llevó también la discusión al terreno de la responsabilidad por las consecuencias humanas de la guerra.
Ante la Asamblea General declaró:
“Los responsabilizamos —y ante el Señor— por toda la sangre derramada y todo el sufrimiento ocasionado a tantos inocentes por su insaciable ambición de dominación”.
En aquellas palabras aparecía una característica muy particular de Miguel d’Escoto: su condición de sacerdote no quedaba separada de su actividad como canciller.
El derecho internacional constituía la base jurídica de la posición nicaragüense; su fe cristiana aparecía como fundamento moral de la denuncia.
Por eso concluyó aquella parte de su intervención con una advertencia igualmente directa:
“No hay duda de que los Estados Unidos son muy ricos y poderosos y que pueden burlarse de todos los tribunales de la tierra, pero es hora de que vayan temiendo la justicia implacable del Dios de la paz y la vida, pues esa, créame, Señor Reagan, Señor Shultz, no podrá ser burlada ni evadida”.
De la Asamblea General al Consejo de Seguridad
La intervención del 10 de octubre no quedó como un acto aislado.
El 18 de octubre, Nicaragua anunció que recurriría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
El 21 de octubre, el Consejo abordó el asunto.
Nicaragua recurrió al artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, que contempla la posibilidad de acudir al Consejo de Seguridad cuando una de las partes no cumple una sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
La resolución que instaba a Estados Unidos a acatar el fallo obtuvo 11 votos favorables. Francia, Gran Bretaña y Tailandia se abstuvieron.
Estados Unidos utilizó su derecho de veto.
La cuestión pasó entonces a la Asamblea General.
El 3 de noviembre de 1986, según recoge la reconstrucción histórica del caso, 94 países votaron a favor de una resolución que urgía a Estados Unidos a cumplir “en forma cabal e inmediata” con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Estados Unidos, Israel y El Salvador votaron en contra y 47 países se abstuvieron.
El papel de Miguel d’Escoto
La participación del padre Miguel d’Escoto Brockmann en el caso Hasenfus debe entenderse dentro de esta secuencia.
Su responsabilidad comenzó cuando las evidencias sobre el derribo del avión obtenidas en Nicaragua fueron llevadas al escenario internacional.
El 10 de octubre de 1986, apenas cinco días después del derribo, presentó ante las Naciones Unidas documentos recuperados del C-123K y utilizó aquel episodio para reforzar la exigencia fundamental de la política exterior nicaragüense: que Estados Unidos cesara sus acciones contra Nicaragua y cumpliera la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
Ese fue su frente de combate.
La imagen de aquellos días resulta particularmente reveladora. El 5 de octubre cayó el C-123K en Río San Juan. Entre sus restos quedaron documentos relacionados con la operación. Cinco días después, algunos de esos papeles habían recorrido el camino desde las montañas nicaragüenses hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Los llevaba en sus manos el canciller de Nicaragua, padre Miguel d’Escoto Brockmann.
