Compartimos un artículo de Fabrizio Casari, titulado «OEA, ala diplomática del golpismo». A continuación se presenta el texto:
La resolución antinicaragüense aprobada por la OEA es un acto de pura hostilidad política elaborado por orden de la Casa Blanca. La resolución, aprobada con 20 votos a favor, dos en contra y 12 abstenciones, pide la reforma del sistema electoral, pero no plantea ninguna condición ni amenaza directa a Nicaragua en caso de incumplimiento de las disposiciones.
En lo que respecta al sistema electoral, cabe recordar que la propia OEA reconoció el resultado correcto de las elecciones de 2017, pero Nicaragua había iniciado, no obstante, un enfrentamiento “técnico” con la OEA para proceder a su perfeccionamiento. La resolución interviene gratuitamente en un tema inexistente y lo hace para influir políticamente en la vida política interna, dado que la colaboración entre el gobierno nicaragüense y la OEA ya lleva más de un año. De hecho, el gobierno sandinista había acordado con el organismo una especie de asesoramiento técnico para mejorar el sistema a favor de una mayor transparencia y utilidad por parte de todo el marco político.
Después de todo, no es sorprendente: el sandinismo, que puede dar lecciones de democracia a muchos, nunca ha pretendido ser autosuficiente desde el punto de vista del tecnicismo de la Ley y, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo para un objetivo común, se ha ofrecido a la comparación con la OEA sobre la optimización de los procesos relacionados con las elecciones. Sucede que está disponible cuando no se tiene nada que esconder, así como abierto cuando se puede cerrar ante cualquier interferencia.
Pero la posibilidad de colaborar en la mejora técnica del sistema electoral se ha convertido ahora en un asunto exclusivamente político gracias a la resolución aprobada ayer a petición de Estados Unidos, Canadá, Colombia,
Chile y Paraguay, a la que se han sumado Brasil y Uruguay. Trasladar una cuestión de la colaboración a la confrontación representa un desafío abierto, que quiere imponer incluso el calendario y las modalidades de las reformas, que se completarán para el próximo mes de mayo. Intercambiar la voluntad de enfrentarse por la debilidad política, el respeto a una organización multilateral por la obediencia a ella, es el peor error que podrían cometer. Ahora el gobierno probablemente procederá en total y absoluta soledad a mejorar lo que necesita ser mejorado y la OEA ha perdido su última oportunidad de recuperar parte de la dignidad que quedó en las montañas de Bolivia.
Para recordarles quiénes son y lo que pueden y no pueden decir y hacer llegó la acusación que México ha desatado contra su Secretario General. Palabras muy duras con las que recuerda a la OEA que no puede ni debe interferir en los asuntos políticos internos de los Estados que la integran y que, recordando la alianza con el golpe de Estado en Bolivia, invita al Secretario General, Luis Almagro -que señala como facilitador del golpe- a una “profunda autocrítica y a la verificación del grado de consentimiento a su labor que disfruta”. En definitiva, la Ciudad de México pide la renuncia de Almagro y señala que un protagonista absoluto de la realidad latinoamericana, gigante económico, político, diplomático, militar, cultural y demográfico, ya no está dispuesto a sufrir en silencio el progresivo papel de comisario político a las órdenes de los EE.UU. que la gestión de Almagro ha acelerado aún más.
Idéntica condena e idéntica orden de desalojo fue emitida por el Grupo de Puebla, el organismo que goza de prestigio político y ético y que analiza los asuntos latinoamericanos sin el consenso de Washington.
No es que la gestión de Insulza y de otros de sus antecesores haya sido un ejemplo de neutralidad, sino todo lo contrario: pero la dirección de confrontación abierta inaugurada contra Cuba y Venezuela, continuada con Nicaragua y culminada con el fraude electoral a favor del golpe de Estado boliviano hace que los lineamientos de política exterior de varios países -México y Nicaragua en primer lugar- sean incompatibles con la acción política y discriminatoria propuesta por la OEA. Una institución ya en crisis, con la temporada del derecho al poder, ha perdido definitivamente toda utilidad con su nueva posición como elemento dependiente de la política exterior de los Estados Unidos.
La función de la OEA
El tema, por supuesto, no sólo se mide por la hostilidad política y las nociones preconcebidas del grupo de países que giran en torno al grupo de Lima, lo que confirma el papel de la OEA como asistente legal de las políticas de la Casa Blanca. Tras falsificar los resultados de la votación de Bolivia en 2019 para permitir el golpe, tras haber guardado silencio sobre los diversos golpes (militares, parlamentarios y judiciales) que han tenido lugar en los últimos años en América Latina, haber apoyado las operaciones criminales de la legislación, es decir, los montajes judiciales destinados a golpear a los líderes de la izquierda en el Brasil, la Argentina, el Ecuador y Bolivia, ahora se inmiscuye en la política interna de Nicaragua.
No se trata sólo del delirio de la servidumbre que se extiende sobre la estructura de la dependencia. Con la interferencia del organismo en los asuntos internos de sus respectivos países, con la autoasignación de un papel como investigador, juez y verdugo de sus respectivas naciones, la OEA rompe su propio estatuto, trastorna su función y se mueve en un terreno que no es el suyo. Se abandona la función de coordinación multilateral para la integración regional para asumir la de un tribunal especial que dicta sentencias bajo el dictado de los Estados Unidos. El ataque a Venezuela, Cuba y Bolivia, Nicaragua, propone no sólo un abuso de función sino, más prospectivamente, el retorno de la comunidad latinoamericana a la esfera de la obediencia debida, en la dimensión de anillo de la estructura militar imperial de los Estados Unidos.
Es una OEA que niega el proyecto económico y político de integración continental para volver a ser sólo una variable dependiente de la economía de los Estados Unidos. Existe un problema de superposición entre el núcleo de la OEA y el Grupo de Lima, el agregado ideológico de la ultraderecha latinoamericana que dice y hace lo que los EE.UU., por razones de oportunidad, no pueden decir y hacer abiertamente.
Debería ser el foro multilateral donde el continente debate y decide sobre los procesos de integración, pero se
ha reducido a un servidor del retorno del modelo dictatorial que Washington impuso a todo el continente en el decenio de 1970. Resulta ser un falso organismo multipolar que no reconoce la validez del proceso democrático y electoral basado en el respeto a la respuesta de las urnas. Silencio o griterío, según sea el caso, superpone el plan ideológico al de la Ley, adhiriéndo al modelo golpista cual instrumento privilegiado para los cambio de régimen impuestos por los Estados Unidos.
El plan golpista por via externa La resolución pide, en esencia, que los grupos golpistas se conviertan en el interlocutor privilegiado – si no el único – del gobierno para cambiar el sistema electoral y les propone la representación en las instituciones de las que no disponen para convertirlas en palanca de la agresión externa. No se le concederá este regalo por tresç razones obvias: la primera es que los grupos golpistas no representan nada políticamente, ya que no son la expresión de un partido debidamente acreditado en términos electorales; por lo tanto, ¿con qué criterio se debe nombrar a un representante de la oposición si no tiene su propia representación unificada?
La segunda es que los que ahora piden formar parte del órgano de control de los votos son los que no han reconocido la regularidad de las dos elecciones anteriores y alegan que el gobierno es inconstitucional. ¿Cómo tratamos a los que no se reconocen a sí mismos? Misterio.
La tercera es que la petición de cambiar la estructura del Consejo Supremo Electoral tiene como único objetivo la deslegitimación de sus deliberaciones. Sirve para favorecer una ruptura dentro del CSE en el examen del recuento electoral, que incluso ante un resultado abrumador se negará a suscribirlo. Sirve para intentar hacer ineficaz la derrota de uno deslegitimando la victoria de otros.
El plan es el siguiente: se indican dos lecturas diferentes pero ambas formalmente válidas para la común pertenencia al CSE: una reconoce los resultados del electorado nicaragüense, la otra no los reconoce. El objetivo de la segunda es la anulación del proceso electoral que los hizo perder. ¿Cómo se logra esto? Denunciando desde el interior del CSE (y por tanto con la autoridad institucional que de por sì deriva) un falso fraude y tratando de abrir una crisis político-institucional que ofrezca el anclaje legal para que el voto carezca de reconocimiento a nivel internacional. Es una táctica que ya habían intentado en las dos elecciones anteriores, no tienen ni la más mínima imaginación para estudiar un plan diferente. Pero pensar en conseguir ayuda para hacerse creíble internacionalmente, realmente parece un puro capricho.
La OEA también puede decidir casarse con la tesis mentirosa del golpe de Estado nicaragüense como lo hizo con la boliviana. Pero Nicaragua no es Bolivia. Los argumentos, sin la fuerza para apoyarlos, se quedan en opiniones, no se convierten en hechos. Son los electores nicaragüenses quienes pueden y deben establecer quién gobierna Nicaragua, es la Constitución de Nicaragua y sus códigos los que establecen la legitimidad e institucionalidad del gobierno y la acción política que promueve. En resumen, no es la OEA la que puede jugar el papel de inquisidor y juez de la adhesión de nadie a los parámetros democráticos.
Si la OEA tiene dudas sobre la legitimidad y el apoyo popular a la acción del gobierno, se puede leer la última encuesta realizada por M&R Consultores de Costa Rica, que revela un 67,2% de apoyo de la población al gobieno del Comandante Ortega. En detalle, la encuesta indica que el 66,1 tiene una opinión positiva del gobierno, el 67,1 cree que la gestión de la crisis sanitaria debida a Covid-19 ha sido eficaz y el 70,8% tiene esperanzas en su futuro con el gobierno sandinista. Ninguno de los gobiernos que componen el organismo puede presumir de un consenso interno de iguales proporciones. El consenso de los grupos golpistas se registra en porcentajes por prefijo telefónico.
Ante estas cifras, nos pregunta: ¿qué impacto pretende tener la OEA en este amplio consenso del electorado nicaragüense hacia su Presidente? ¿Cree que puede alterar el equilibrio político interno a través de la presión externa? La de un país gobernado desde el extranjero responde a la lógica colonial de la derecha nicaragüense, que odia al país por su carácter y recoge el dinero de los que quieren esclavizarlo por conveniencia. La resolución aprobada es para su beneficio, es un intento desesperado de derribar las estructuras internas del país y llega justo cuando la oposición golpista está cerca del suicidio colectivo. Al no poder transformar un agregado impotente en una solución política, incapaz de atacar al país internamente, se planifica la presión desde el exterior.
¿Con qué cara?
Ninguno de los países que presentaron la resolución puede presumir de tener mejores créditos democráticos que Nicaragua, si acaso lo contrario. Ninguno de ellos puede inventar un maestro de la democracia, si acaso un verdugo de todos los impulsos democráticos. La mayoría de ellos tienen una historia de golpes militares y dictaduras sangrientas que nunca han sido definitivamente superadas, y piensan que están dando la cátedra de la democracia a aquellos que, como el FSLN, pudiendo ignorar el veredicto de las encuestas, decidieron respetarlo a costa de exponerse a 16 años de venganza de la derecha contra su pueblo.
¿En qué capacidad los golpistas hablan de democracia con los demócratas? ¿Puede un gobierno de Pinochet como el chileno explicar la democracia a otros países? ¿Puede un gobierno como el de Piñera, que ordena disparar a los manifestantes en el ojo, levantarse como crítico de la represión de otros países? ¿Puede un grupo de terroristas y narcotraficantes como Colombia enseñar los derechos humanos a otros países? ¿Cómo puede abrir la boca un consorcio criminal como el gobierno colombiano, que firma acuerdos de paz para desarmar a las guerrillas y comienza a matarlas desarmadas al día siguiente? Doscientos cincuenta asesinados en pocos meses en silencio como cómplice de la OEA es la tarjeta de visita del gobierno de Duque.
La devastada imagen que la organización ha ofrecido con su participación activa en el golpe de Estado en Bolivia contra el legítimo ganador de las elecciones, Evo Morales, la ha privado de toda credibilidad residual y, aunque en el pasado la posición expresada por su Secretario General, Almagro, se ha equilibrado en el contexto del panorama político-electoral nicaragüense, la resolución de hoy indica que no hay condiciones para un papel de observador neutral en las próximas elecciones en Nicaragua.
En la resolución contra Nicaragua se hace referencia no sólo a la reformabilidad del proceso electoral, sino a toda la dialéctica política entre el gobierno y la oposición. Es aquí donde la OEA se expresa como un sujeto político activo y hostil al FSLN. Por lo tanto, se convierte en un actor y no en un espectador neutral en el yugo político interno.
Así pues, se pierde la condición institucional de un organismo multilateral regional que se ha convertido en un partido político que adopta una posición en los asuntos internos de un país incumpliendo su estatuto y su propia razón de ser. Si la OEA quiere participar tecnicamente en el proceso electoral nicaragüense, tendrá que cambiar radicalmente su actitud, objetivos e interacciones políticas.
Tendrán que terminar las reuniones amorosas con los golpistas arrastrando por los pasillos de la sede de Washington para pedir líneas de condena y sanciones para su país. Si se mantiene una actitud políticamente beligerante y, por lo tanto, carente de la neutralidad obligatoria para llevar a cabo la tarea de observación de manera eficaz, la misión de sus observadores y la misma observación de las elecciones perderá su función y su utilidad. Entonces podrán reunirse en Washington y sintonizarse en Tele Sur para ver cómo vota el pueblo nicaragüense. En tiempos de trabajo inteligente,serìa una lección gratuita de democracia por cable.
Fuente: http://www.visionsandinista.net/
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