Por Germán Van de Velde
El Perú vive una de las crisis políticas más prolongadas y corrosivas de su historia republicana. Nueve años, siete presidentes y un ciclo interminable de destituciones, encarcelamientos y escándalos que exhiben el colapso de la institucionalidad liberal heredada del fujimorato. Lo que antes fue descrito como “inestabilidad política” ya es, en realidad, una forma de gobierno: un régimen donde la corrupción se recicla, el Congreso se erige como poder supremo y el pueblo peruano se ve condenado a elegir entre los mismos verdugos con distintos nombres.
El 9 de octubre de 2025, Dina Boluarte fue destituida por “incapacidad moral permanente” con 122 votos a favor y ninguno en contra. Su caída no sorprendió a nadie. Era la culminación de un gobierno sostenido más por el cálculo político que por la legitimidad popular, con una aprobación de apenas el 4 %. Su gestión, marcada por represión, lujo y desconexión con la ciudadanía, dejó una estela de muertos, desigualdad y descrédito. “A todos los peruanos, las disculpas del caso y una promesa: la promesa de comenzar a construir y sentar las bases de un país que, desde la empatía, permita la reconciliación entre todos los peruanos”, declaró el presidente interino José Jerí, pero sus palabras sonaron vacías en un país que ya ha escuchado la misma retórica demasiadas veces.
De la cirugía al “Rolexgate”: la degradación del poder
La crisis de Boluarte no fue solo política; fue moral. Durante su mandato, acumuló escándalos que rozaron lo grotesco. El más simbólico: abandonar el cargo por casi dos semanas para someterse a una cirugía plástica facial, sin notificar al Congreso ni delegar funciones. Mientras estaba en la clínica, firmó dos decretos, lo que pone en duda su legitimidad. Ella alegó motivos médicos, pero su propio cirujano, Mario Cabani, la desmintió y reveló que “cuatro de los cinco procedimientos eran de carácter exclusivamente estético”.
A esto se sumó el llamado Rolexgate: la posesión de relojes de lujo no declarados y una investigación fiscal por enriquecimiento ilícito. En marzo de 2024 se incautaron tres Rolex y una pulsera de su domicilio, mientras seis ministros renunciaban en protesta. En paralelo, Boluarte impulsó un aumento de su propio sueldo de 4.400 a 10.000 dólares mensuales, en un país donde el ingreso promedio es de apenas 623 dólares. Fue el retrato de un poder que vive del lujo y gobierna desde la indiferencia.
Su desprestigio alcanzó niveles inéditos. En encuestas, la desaprobación superó el 90 % y entre los jóvenes de 18 a 24 años llegó al 0 %. La presidenta más impopular de América Latina se convirtió en símbolo de un sistema agotado que, en lugar de representar al pueblo, lo desprecia.
Un Congreso adicto a la vacancia
El Congreso peruano se ha convertido en un poder sin contrapesos, donde la figura de la “incapacidad moral permanente” —pensada originalmente para casos extremos— se transformó en arma política de control oligárquico. Entre 2016 y 2025, ningún presidente logró concluir su mandato. Como escribió The Latin American Post, “la vacancia presidencial en el Perú alguna vez fue un recurso extremo, una válvula constitucional contra la tiranía o el fraude. Hoy se ha vuelto un reflejo”.
El Parlamento, dominado por alianzas entre Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos y Perú Libre, actúa como coalición de intereses empresariales y mafiosos. “El poder continúa concentrado en una coalición narco-criminal”, advirtió el analista Jaime Antezana, quien denunció que el gobierno de transición de Jerí “no garantiza elecciones libres ni democráticas”.
Del Palacio al banquillo: corrupción como norma
En las últimas dos décadas, seis expresidentes peruanos han pasado por prisión: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Alan García se suicidó cuando la policía fue a detenerlo por sobornos. Ninguno completó su mandato. La República Peruana se ha convertido en una ruleta judicial donde la cárcel, la renuncia o la vacancia son los tres destinos posibles del poder.
Dina Boluarte seguirá el mismo camino. La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado peruano por el incumplimiento de 13 sentencias y denunció retrocesos en materia de justicia, incluyendo el intento de validar el indulto a Fujimori. La propia Boluarte enfrenta acusaciones por genocidio tras la represión de 2023, cuando 49 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.
José Jerí y la continuidad del vacío
El sucesor de Boluarte, José Jerí, simboliza la continuidad del colapso ético. Abogado de 38 años, miembro del partido derechista Somos Perú, llega al poder con su propio historial de denuncias: una acusación por violación sexual archivada en medio de presiones políticas y supuestos actos de corrupción durante su paso por la Comisión de Presupuesto. “La presidencia de la República no puede recaer en José Jerí, quien fue denunciado por violación. El Perú necesita liderazgos con integridad. No más impunidad desde el poder”, advirtió la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El fiscal que archivó el caso de Jerí, Tomás Gálvez, está siendo investigado por manipular nombramientos judiciales. Así, el nuevo mandatario encarna el círculo vicioso de una élite que se exonera mutuamente de toda responsabilidad mientras predica moral pública.
Un país fracturado entre Lima y el Perú profundo
Detrás de la crisis institucional se esconde una fractura más profunda: la distancia entre la Lima oficial y el Perú real. Las comunidades andinas, campesinas e indígenas que votaron por Pedro Castillo siguen marginadas, reprimidas y criminalizadas. El Perú de la sierra y la selva, donde se hablan más de cuarenta lenguas originarias —quechua, aimara, shipibo-konibo, asháninka, kukama, entre otras—, permanece fuera del diseño político del Estado.
Como advirtió la socióloga Anahí Durand, “en una sociedad con partidos débiles, tejido social fragmentado y mafias enquistadas, lo que se actúe desde el Estado será insuficiente si se hace de espaldas a la población que votó por cambios”. La crisis peruana no es solo institucional, sino civilizatoria: un modelo neoliberal impuesto que desconoce la cosmovisión comunitaria y la soberanía popular.
Entre el lawfare y la desintegración democrática
El caso peruano ilustra la mutación del lawfare en versión andina: la manipulación judicial como instrumento para reconfigurar el poder sin pasar por las urnas. En nombre de la moral, las élites judicializan la política y politizan la justicia. El resultado es una democracia sin pueblo, una república sin virtud.
Washington y sus aliados empresariales observan con pragmatismo esta inestabilidad funcional: un Estado débil garantiza continuidad económica, obediencia diplomática y neutralización de cualquier proyecto soberano. La fragmentación política del Perú no es un accidente: es una estrategia regional de control.
Refundar el Estado desde abajo
El Perú no sufre una crisis de gobierno, sino de régimen. Como escribió el politólogo Alberto Vergara, “la política se reduce a la lucha por sobrevivir entre destituciones y protestas”. Y esa sobrevivencia ha dejado fuera al único actor capaz de refundar la nación: su pueblo.
En las calles, las juventudes, los sindicatos y las comunidades del sur andino reclaman una Asamblea Constituyente que devuelva la soberanía al pueblo peruano. Mientras tanto, el Congreso y los medios siguen administrando el caos como forma de orden.
El país no necesita otro salvador con banda presidencial. Necesita desmontar el andamiaje del fujimorismo, recuperar la ética pública y reconstruir desde abajo un nuevo pacto social fundado en la dignidad y la justicia.
La caída de Boluarte no es el final de una etapa, sino el espejo de una república agotada. Como en un eco del viejo adagio de José Carlos Mariátegui, el Perú solo podrá renacer “ni calco ni copia, sino creación heroica”.
