Washington, 7 de septiembre de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que renombra al Pentágono como Departamento de Guerra, en un giro cargado de simbolismo imperial y con profundas repercusiones legales y políticas. La decisión ha sido acompañada por declaraciones de alto nivel que revelan un rumbo peligroso: ofensiva abierta, desprecio al derecho internacional y ataques directos contra civiles en el Caribe.
Trump justificó la medida desde la Casa Blanca al afirmar que el término “Departamento de Guerra” es “más apropiado” y “envía un mensaje de fuerza y victoria”. A su lado, el secretario Pete Hegseth sentenció: “Máxima letalidad, no tibia legalidad. Efecto violento, no políticamente correcto. Vamos a forjar guerreros, no solo defensores”.
Una doctrina de “letalidad máxima”
El jefe del Pentágono aseguró que con el cambio no se trata solo de un nombre, sino de “restaurar el ethos guerrero”. “El Departamento de Guerra va a luchar con decisión y no en conflictos interminables. Vamos a ir a la ofensiva, no solo a la defensiva”, declaró Hegseth, delineando una política de agresión permanente.
El anuncio ocurre en medio de tensiones crecientes en el Caribe, donde la Administración Trump desplegó ocho buques de guerra y un submarino nuclear frente a Venezuela bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico, en una operación calificada por Caracas como “un zarpazo terrorista militar” contra su soberanía.
Ataques a civiles en el Caribe
Mientras la Casa Blanca habla de “defensa”, funcionarios del propio Pentágono filtraron a The Intercept que Estados Unidos está atacando directamente a civiles. El caso más reciente fue el bombardeo a una embarcación en aguas internacionales del Caribe que dejó 11 muertos, sin pruebas de que transportara drogas.
“Estados Unidos ahora ataca directamente a los civiles. Los narcotraficantes pueden ser criminales, pero no combatientes”, declaró un alto funcionario bajo anonimato. La ONU y expertos internacionales han advertido que el ataque constituye una violación flagrante del derecho internacional.
Vance desprecia acusaciones de crímenes de guerra
Lejos de moderar el discurso, el vicepresidente J.D. Vance respondió con cinismo a las críticas: “Me importa un carajo cómo lo llames”, dijo en redes sociales ante acusaciones de que el ataque constituye un crimen de guerra. Además defendió el uso del Ejército para “matar a miembros de cárteles”, pese a que la legislación estadounidense establece que estos deben ser tratados como criminales con derecho a debido proceso y no como combatientes enemigos.
Reacciones internas y contradicciones
El Partido Republicano celebró el renombramiento como un gesto de fuerza, mientras que dentro del propio Pentágono algunos funcionarios expresaron su malestar al considerar que la medida “no servirá de nada para contrarrestar la influencia de otras naciones” y solo erosiona la legitimidad internacional de Estados Unidos.
Juristas advierten, además, que el presidente no tiene la facultad constitucional de crear ni cerrar departamentos ejecutivos, atribución exclusiva del Congreso. Pese a ello, Trump insiste en que “el Capitolio apoyará si es necesario”, mientras aliados como el congresista Greg Steube ya promueven legislación para legalizar el cambio.
Venezuela responde con unidad
El gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció que el ataque a la llamada “narcolancha” y las acusaciones infundadas de narcotráfico forman parte de una estrategia de guerra psicológica similar a la que justificó la invasión de Irak en 2003. Caracas recalcó que la cocaína se produce en Colombia y no en Venezuela, como lo certifica la ONU, y llamó a los pueblos latinoamericanos a mantenerse alertas ante la amenaza militar.
Más de 8,2 millones de venezolanos ya se han alistado en la Milicia Bolivariana, en lo que Maduro calificó como la mayor movilización popular de defensa en la historia reciente del país.
El regreso de la “diplomacia de las cañoneras”
El cambio de nombre del Pentágono al “Departamento de Guerra”, acompañado de ataques directos contra civiles y amenazas a Venezuela, confirma lo que analistas describen como un regreso a la diplomacia de las cañoneras del siglo XIX. Una política que, bajo el disfraz de la seguridad nacional, busca imponer por la fuerza los intereses de Washington en América Latina y el mundo.
Mientras la administración Trump proclama la “letalidad máxima”, la comunidad internacional advierte que la nueva doctrina solo acelera la pérdida de legitimidad de Estados Unidos y coloca en riesgo la paz global.
