El canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, analizó la situación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y justificó la decisión de Nicaragua de retirarse de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), al tiempo que denunció la politización e injerencia por parte de algunos países de la región. Jaentschke contextualizó el tema recordando la historia de unidad centroamericana.
“Nacimos unidos como Provincias Unidas de Centroamérica hasta 1839. Figuras como José Francisco Morazán, nacido en Honduras, fusilado en Costa Rica y enterrado en El Salvador, reflejan esa lucha por la integración frente a las oligarquías que han promovido la desunión”, afirmó.
Según el canciller, esta fragmentación ha sido una constante, agravada tras la Segunda Guerra Mundial y las luchas de liberación nacional y la guerra de agresión de Estados Unidos en los años 80.
El canciller destacó que el SICA, creado en 1991 con instituciones como el Parlamento Centroamericano y la CCJ, buscaba consolidar la unidad regional. Sin embargo, criticó que durante años se manejó como una ONG, con elecciones de directores como si fueran contiendas generales, perdiendo su carácter intergubernamental.
Desde la llegada del Gobierno sandinista en 2007, Nicaragua ha abogado por un SICA dirigido por los Estados, no por individuos o burocracias desordenadas, sino bajo una clara coordinación.
Jaentschke señaló que, pese a los esfuerzos de reorganización impulsados por Nicaragua durante su Presidencia Pro Témpore en 2009, persisten problemas estructurales.
“Entre 1991 y 2007 se tomaban 40 o 50 acuerdos por reunión de presidentes, pero nadie llevaba un registro claro. El SICA no es un órgano supranacional; debe coordinar, no usurpar soberanía”, explicó.
Comentó el rechazo a las candidaturas propuestas por Nicaragua para la Secretaría General del SICA. En 2017, los presidentes acordaron un sistema de rotación para los cargos, asignando a Nicaragua la secretaría en 2021.
Sin embargo, tras la renuncia de Werner Vargas en 2023, las tres ternas presentadas por Nicaragua —la última liderada por el ex canciller Denis Moncada— han sido bloqueadas por Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana.
“No cuestionan a las personas, sino que es porque Nicaragua es quien propone. Hay una decisión política para excluirnos”, denunció el canciller, acusando a estos países de injerencia y de politizar el proceso.
“Es nuestra prerrogativa presentar personas que consideramos idóneas, expertas con la capacidad de conducir el Sistema. Nadie puede venir desde afuera a administrar o decidir por nosotros a quién debemos proponer”, afirmó.
Sobre la CCJ, Jaentschke explicó que Nicaragua se retira tras 33 años de un sistema disfuncional. “Solo El Salvador, Honduras y Nicaragua ratificamos el estatuto y nombramos magistrados.
Otros países, como Panamá, que preside el Consejo Centroamericano de Justicia, no participan ni ratifican, dejando el sistema incompleto”, afirmó. Citó el caso de una magistrada hondureña que no puede asumir su cargo por falta de juramentación como ejemplo de esta inoperancia.
El canciller nicaragüense, preguntado si el Estado de Nicaragua podría retirarse del SICA, manifestó que sean pagado costos históricos por y para la integración.
“Desde la independencia hasta la Federación Centroamericana, hemos luchado por la unidad. No permitiremos que sectores oligárquicos o politizados desmantelen este esfuerzo”, sentenció, exigiendo respeto a la soberanía nicaragüense y acusando a los cuatro países mencionados de torpedear la integración regional…
“Son estos cuatro países los que se han opuesto constantemente. Han enviado escritos diciendo que no consideran idóneas a las personas propuestas por Nicaragua y piden que presentemos otras ternas. Se preguntó a los cancilleres: ¿Ustedes no son funcionarios leales a su Estado? ¿No son operadores políticos de su gobierno? Ser funcionario de un Estado implica tener lealtad a su país y a su gobierno, por lo que este argumento carece de fundamento. Este discurso proviene de sectores antisandinistas que han logrado atrincherarse en algunos países, principalmente a través de medios de comunicación que sirven a intereses políticos ajenos al sistema. Nicaragua asumirá con responsabilidad lo que tiene que pasar. Nicaragua tiene el derecho de asumir la Presidencia, y ese derecho nadie lo puede cuestionar”.
Fuente: La Primerísima
