Apenas un mes después de haber asumido la presidencia, tras un ajustado balotaje y un dilatado reconocimiento por parte de la oposición, el Gobierno de Pedro Castillo se enfrentó ayer a su primer round como oficialismo consagrado.
El de Perú es un caso de estudio para el constitucionalismo internacional. Un sistema heredado del trazado institucional de la Constitución fujimorista de 1993, que oscila en una intrincada zona gris entre el presidencialismo y el parlamentarismo.
En esta compleja amalgama de poderes es que se inserta la “cuestión de confianza”, un recurso por el cual el presidente debe someter a su gabinete a la aprobación del Congreso. Esta validación parlamentaria requiere una mayoría simple, es decir, la mitad más uno; que los votos a favor superen a aquellos que se posicionan en contra y a las abstenciones. Así, en caso de aprobarse la confianza, el presidente valida al gabinete propuesto, pero si encuentra un rechazo mayoritario, el ministro debe ser depuesto de sus funciones y debe dimitir al cargo. Pero el articulado es aún más laberíntico: si el Congreso niega en dos sesiones seguidas la confianza al gabinete, el Ejecutivo tiene en su poder la capacidad de disolver el Parlamento y convocar nuevamente a elecciones.
Esta puja de poderes no es novedosa: ya tuvo su antecedente en las gestiones de PPK y Martín Vizcarra, que a la postre culminaron con la elección de un Parlamento extraordinario en 2020 para legislar por el período de un año. Pero ahora, con Pedro Castillo en la Presidencia y una oposición cada vez más hostil y radicalizada, la confianza en el gabinete se ha vuelto un eje central para analizar el enfrentamiento entre los poderes del Estado y configurar el futuro de Perú.
Este viernes, luego de una jornada que se extendió más de 24 horas, con 73 votos a favor y 50 en contra, el profesor Pedro Castillo logró que el Congreso peruano le otorgase la confianza a su gabinete y al presidente de su Consejo de Ministros.
Pero las pujas por el gabinete presidencial comenzaron bastante antes, con el nombramiento de Héctor Béjar como canciller de la república. Doctor en Sociología, abogado, escritor, artista plástico y profesor universitario, Béjar es un histórico referente de la izquierda peruana. Recibió formación política en Cuba donde conoció a Fidel Castro y Ernesto Guevara, fue detenido por su accionar político en la guerrilla y amnistiado en 1970 por el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado. Una vez en libertad se incorporó al proyecto de reforma agraria impulsado por la gestión velasquista coordinando el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), una de las herramientas de movilización popular que fungieron como defensa de las conquistas sociales adquiridas en el período.
La gestión de Béjar al frente de la Cancillería duró poco más de dos semanas: fue removido del cargo luego de declarar que la Marina había sido la institución que inició el terrorismo en el Perú y que algunos de sus oficiales fueron capacitados por la CIA. La presión de legisladores opositores sumados al repudio público de la Fuerza Armada, condujeron a que Béjar debiera dimitir a su cargo y abrieron una nueva grieta al interior de la coalición de Gobierno. El elegido para ocupar el ministerio de Relaciones Exteriores fue Óscar Maúrtua, un diplomático de carrera y un moderado excanciller.
La designación de Maúrtua expresa algunas de las contradicciones que se plasman en el Gobierno, sobre todo entre el dueño del partido Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el presidente en funciones, Pedro Castillo. Maúrtua ostenta un perfil más moderado y comparte con Castillo su cercanía con el Gobierno de Alejandro Toledo, donde Maúrtua revistió como canciller y cuyo partido, Perú Posible, llevó a Castillo por primera vez como candidato.
“El nuevo canciller, Oscar Maúrtua De Romaña, no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil”, respondió Cerrón en su cuenta de Twitter tras la designación del nuevo ministro.
La tensión entre el líder partidario y el presidente se incrementó al calor de la votación de confianza. En un primer momento, Castillo amenazó con hacer cambios de gabinete previos a la votación, intentando evitar la confrontación con el Congreso y presentando un equipo más dialoguista. Finalmente, se impuso la mirada de Cerrón que consideraba importante sostener a sus ministros y, en todo caso, reforzar la imagen obstruccionista del Poder Legislativo. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), realizada entre el lunes 16 y el jueves 19 de agosto, señala que un 56 % de los entrevistados considera que el Legislativo debería respaldar a los ministros propuestos en el pedido de confianza.
La votación legislativa expresa también la construcción de alianzas parlamentarias que Perú Libre pudo construir hasta ahora. A los 37 curules de Perú Libre y los 5 de Juntos por el Perú, se le sumaron la bancada de centroderecha de Somos Perú, el centroizquierdista Acción Popular y algunos congresistas de Podemos Perú. Así, el gobierno obtuvo 73 votos, voluntades suficientes para refrendar al gabinete. Del otro lado, Avanza País, Renovación Nacional y el fujimorismo, aclararon desde un primer momento que no acompañarían al equipo de gestión propuesto por Castillo. A los que votaron en contra se suma el liberal Partido Morado, que expresó que no acompañaba la propuesta ya que no había ninguna referencia a los derechos de la población LGTBI+. Sumaron entre todas 50 votos.
La aprobación del gabinete imprime un halo de esperanza en relación al vínculo entre el Ejecutivo y Legislativo, sobre todo considerando la aplicación de otra moción que complejiza aún más el escenario peruano: la vacancia. Este recurso puede entrar en vigor por muerte del presidente, incapacidad moral o física, por su renuncia ante el Congreso o por destitución. Para aprobar la destitución por incapacidad moral (la misma que se impulsó contra Vizcarra), se necesitan los dos tercios de la cámara, un número que por ahora –y atento a la vorágine impredecible de la política peruana– la oposición quedó lejos de alcanzar.
En el centro de todas las miradas estuvo Guido Bellido, Presidente del Consejo de Ministros (PCM), militante de Perú Libre y hombre fuerte de Cerrón. Bellido ha sido el blanco de las críticas de la oposición tanto por lo gravitante de su cargo como por posicionamientos propios: sus posiciones homofóbicas le generaron cruces en la previa del nombramiento con el economista y ministro de Economía, Pedro Francke.
Bellido fue el encargado de exponer frente al Congreso para pedir el voto de confianza: comenzó su presentación ante la Cámara hablando en quechua y reivindicando la plurinacionalidad del Perú. Con un mensaje conciliador, evitando el enfrentamiento con el Parlamento, el PCM enfatizó en el respeto a las libertad de expresión y se deslindó de los las acusaciones de terrorismo. Asimismo, plasmó sus principales propuestas de gestión: fortalecer la empresa estatal PetroPerú, impulsar grandes obras públicas con eje en el transporte, promover la vacunación y avanzar con mejoras concretas para los sectores campesinos. Pero no se puede obviar que hubo un gran elefante en la sala: la Constituyente, principal promesa de Castillo en la campaña, fue la ausencia latente durante toda su exposición.
La Constituyente no fue al Congreso. Bellido, Cerrón y Castillo coincidieron en que no era momento para traer a escena uno de los temas más álgidos que atraviesan al país. Esta decisión deja ver algunos indicios y definiciones: la apuesta inicial del profesor de intentar modificar la Constitución con la anuencia del Congreso pareciera más lejana ante la hostilidad del cuerpo y podría recuperar vigor la idea del referéndum y la consulta popular.
Pero la conflictividad peruana excede los pasillos de los parlamentos. Este martes, se publicó un decreto que endurece las condiciones de encarcelamiento de los reclusos de alta peligrosidad, lo que derivó en el traslado de Vladimiro Montesinos al penal de Ancón II y se espera que el expresidente Alberto Fujimori corra la misma suerte. Ambos contaban con notorias libertades en sus condiciones de encierro y Montesinos había sido acusado de coordinar desde su lugar de detención el pago de sobornos a miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que favorecieran a Keiko Fujimori. “Las prisiones doradas se acabaron en este Gobierno”, sentenció vía Twitter Vladimir Cerrón.
En conclusión, la confianza es una primera victoria de la alianza de Gobierno. Castillo construyó acuerdos parlamentarios, validó su equipo de Gobierno y demostró que puede trascender los límites de su propia representación. Queda latente la inviabilidad de un sistema como el peruano, donde la suma de pequeñas minorías legislativas pueden invalidar la voluntad popular de las grandes mayorías.
La solución para esta complejísima arquitectura institucional es una sola: la Constituyente. Castillo demostró que puede construir mayorías en una jugada digna del populismo laclausiano: edificó una cadena equivalencial y un antagonismo claro para ganar la confianza del parlamento. Ahora queda por verse si puede sostener esa mayoría circunstancial al tiempo que decide cómo impulsa la Constituyente, con un Congreso obstruccionista y la latente amenaza de la “humalización” de su Gobierno. Por lo pronto, tendrá una próxima parada compleja con la aprobación de presupuesto. Pero eso ya será otro capítulo de esta historia.
Artículos publicado por Celag.org
Fuente: TeleSur
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