El parlamento israelí, conocido como la Knéset, autorizó a las autoridades a condenar a prisión a niños palestinos de hasta 12 años acusados de delitos considerados terroristas, permitiendo su internamiento en centros hasta que cumplan 14 años, momento en el cual podrán ser trasladados a cárceles convencionales.
Con esta legislación, los niños podrán enfrentar cargos criminales y recibir penas de prisión si son hallados culpables de delitos de carácter «terrorista», es decir que aquellos menores de edad de origen palestino que sean considerados bajo esta carátula podrán ser detenidos y mantenidos en centros de reclusión, según la gravedad del delito y el marco legal aplicado.
La disposición temporal estará vigente por cinco años, aunque con posibilidad de renovación cada dos años. Una norma similar estuvo en vigor entre 2016 y 2020, pero no fue renovada. Por lo que, hasta la promulgación de la Ley, en Israel la responsabilidad penal comienza a los 12 años, pero hasta ahora la legislación permitía que solo los menores de 14 en adelante pudieran ser encarcelados.
Legisladores del partido ultranacionalista Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, impulsaron esta legislación bajo el argumento de combatir el terrorismo desde sus raíces, afirmando que la medida responde a necesidades de seguridad.
En contraste, la organización Adalah, un centro legal de defensa de los derechos de los palestinos en Israel, advirtió que esta medida supone un paso hacia un sistema legal dual, con un conjunto de leyes aplicables a los ciudadanos israelíes judíos y otro para los palestinos.
Según Hadeel Abu Salih, abogado de Adalah, la ley implica «venganza y retribución», contradiciendo los principios de la Ley de Juventud de Israel, que da prioridad a la rehabilitación de menores en conflicto con la ley. La normativa, según sus detractores, erosiona los derechos de la infancia en Palestina y representa un endurecimiento de las políticas israelíes hacia los palestinos bajo la premisa de la lucha antiterrorista.
Deportación de familias y restricciones adicionales
Los legisladores de Israel también promulgaron una segunda ley permite la deportación de familias de personas acusadas también bajo la difusa figura de terrorismo. Con esta norma, el Ministro del Interior queda autorizado a ordenar la expulsión de familiares que expresen públicamente apoyo o simpatía hacia acciones violentas, independientemente de su nivel de implicación en los hechos.
Bajo esta norma, los familiares pueden ser trasladados a la Franja de Gaza o a otras áreas determinadas por las autoridades israelíes, siendo los períodos de deportación de entre 7 y 15 años para ciudadanos israelíes palestinos y de 10 a 20 años para residentes palestinos.
La legislación, respaldada por la agencia de inteligencia israelí Shin Bet, ha sido descrita como un disuasivo ante el terrorismo, según sus proponentes. Sin embargo, miembros de la Knéset, como la diputada palestina Aida Touma-Suleiman, han criticado duramente esta política, cuestionando su justicia y advirtiendo sobre el riesgo de castigar colectivamente a personas no involucradas en ningún delito.
“Si el Estado considera que alguien apoya el terrorismo, debe seguir el procedimiento penal. Pero, ¿cómo es posible que un ministro tenga el poder de ordenar la deportación de una familia completa, incluidos ancianos y niños?”, cuestionó Touma-Suleiman, quien añadió que las medidas adoptadas reflejan una “infiltración del fascismo” en la sociedad israelí y en la política de la Knéset.
El caso de D
D. fue arrestada en febrero de 2016. Tenía 12 años y fue juzgada culpable de los cargos de intento de homicidio y posesión de un cuchillo.
La niña fue sentenciada a cuatro meses y medio de prisión tras un acuerdo de culpabilidad, convirtiéndose en la persona más joven detenida en una prisión israelí en ese momento. Durante su arresto, sus padres no pudieron visitarla.
Sabha Mudya, madre de D., relató los momentos de incertidumbre y miedo que vivió tras la detención de su hija: “Esa mañana fue completamente normal. D. salió de casa como siempre para ir a la escuela. Poco después, mi hermano llegó y me dijo que la habían encontrado cerca del asentamiento. No podía creerlo”.
En el primer día de su detención, D. fue interrogada dos veces sin la presencia de un abogado o de sus padres, una práctica común en los arrestos de menores palestinos en Cisjordania, pero que contradice las garantías legales de un proceso justo.
“La primera vez que interrogan a un niño es crucial”, explicó Sarit Michaeli, portavoz de la organización israelí de derechos humanos B’Tselem. “Si no tienen asesoramiento legal, muchos niños terminan haciendo confesiones o declaraciones que los perjudican. Hay casos en los que menores incriminan incluso a otros, debido a la presión de los interrogatorios”.
Michaeli añadió que estas prácticas pueden llevar a menores a aceptar acuerdos de culpabilidad que no siempre reflejan la realidad de los hechos, simplemente para evitar un tiempo de detención prolongado y el sufrimiento de estar lejos de sus familias.
La situación de D. también ha expuesto la diferencia entre el trato que reciben los menores palestinos en el sistema de justicia militar israelí y los menores israelíes bajo el sistema de justicia civil. “Los menores palestinos pueden ser detenidos por periodos mucho más largos antes de ver a un juez”, explicó Michaeli. “En cambio, un menor israelí bajo la ley civil tiene un límite de 12 horas de detención antes de ser presentado ante un juez”.
La detención de la niña y su encarcelamiento fueron uno de los casos más icónicos de la norma que inició su aplicación en 2016 y que se volvió a poner en curso este jueves. Por entonces, la organización DCI-Palestina estimaba que más de 700 menores palestinos eran sentenciados en tribunales militares israelíes cada año. La mayoría de estos menores eran arrestados bajo cargos de lanzamiento de piedras, intento de agresión o posesión de armas.
Fuente: TeleSur
