Escrito por Stephen Sefton
El jueves 9 de marzo en la celebración en Caracas del Día del Antiimperialismo Bolivariano, el compañero Rafael Correa, observó “El neoliberalismo es un absurdo para el continente más desigual del mundo… ¿Qué país latinoamericano se ha desarrollado con todo ese recetario capitalista liberal, democracia liberal? … Haití tiene todas esas instituciones y es uno de los países más pobres del mundo…. la pregunta relevante no es qué país del mundo se ha desarrollado con el socialismo, la pregunta relevante es qué país latinoamericano se ha desarrollado con el capitalismo liberal y, en los doscientos años que hemos sido repúblicas, la respuesta es ninguno.”
Las palabras del ex presidente de Ecuador provocan una reflexión sobre la naturaleza del desarrollo económico y social de nuestros países y la naturaleza de una verdadera democracia. En los últimos cinco años los avances de la derecha principalmente por la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, de Guillermo Lasso en Ecuador, de Lacalle Pou en Uruguay, de Abdo Benítez en Paraguay se contrarrestaron en 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador en México y de Nicolás Maduro en Venezuela. Estos avances a favor de las mayorías empobrecidas de la región fueron reforzadas con la confirmación del compañero Miguel Díaz Canel como Presidente de Cuba y la elección de Alberto Fernández en Argentina en 2019.
El número de gobiernos progresistas se aumentaba con la elección de Luis Abinader en República Dominicana y de Luis Arce en Bolivia en 2020, de Pedro Castillo en Perú, de Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras y nuestro Comandante Daniel en 2021 y de Gustavo Petro en Colombia junto con Lula da Silva en Brasil el año pasado, Estos resultados electorales sugieren un auge de progreso y desarrollo para América Latina y el Caribe. Sin embargo, por supuesto, hay muchos matices a notar en relación al cambio de la configuración política de América Latina como resultado de estos resultados electorales y lo que significan.
Es evidente que la elección al gobierno de un país no necesariamente implica una verdadera toma del poder, como el caso del compañero Pedro Castillo en Perú demuestra de la manera más clara. De los 19 países de habla español o portugués en América Latina, son 9 que tienen gobiernos socialdemócratas, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, México y Panamá. La región tiene tres gobiernos revolucionarias, Cuba, Nicaragua y Venezuela y Bolivia está estrechamente asociado con estos tres países revolucionarios por ser miembro activo de la Alianza Bolivariana de nuestras Américas (ALBA).
Hablar de un gobierno revolucionario implica que se trata de un país donde la oligarquía local ya no controla las fuerzas armadas o la policía nacional. Tampoco domina el poder judicial, el poder electoral o el poder legislativo, o en ciertos casos, el poder de la controlaría. Así que sería imposible en estos países con un gobierno revolucionario montar una de las llamadas “golpes suaves” como se hacía en Paraguay contra el Presidente Fernando Lugo en 2012 contra la Presidenta Dilma Rousseff en 2016 en Brasil o contra el Presidente Pedro Castillo ahora en Perú. Sin embargo es precisamente aquellos países y países con una distribución del poder político similar los cuales habitualmente son descritos como democracias y donde sus dirigentes critican de una manera vergonzosa a Cuba, Nicaragua y Venezuela, en algunos casos alegando que nuestros países son dictaduras.
En realidad, es precisamente al contrario. Los derechos fundamentales de los pueblos se violan en aquellos países donde las fuerzas políticas de las oligarquías de la región controlan los poderes legislativos y judiciales, las fuerzas armadas y policiales y además del el sistema de justicia penal, también los principales medios de comunicación y el sistema universitario. Es suficiente hacer una breve mirada a los diferentes países de la región para comprender esta realidad. Los gobiernos socialdemócratas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, implementan programas que sin duda podrían mejoran las condiciones de vida de sus poblaciones empobrecidas hasta cierto punto. Sin embargo, son incapaces de desmantelar los sistemas anti-democráticos al gusto imperialista que predominen en sus respectivos países.
Tampoco dan señales de poder reestructurar sus economías para desarrollar mayor resiliencia frente a la tiranía comercial y financiera de Estados Unidos y sus aliados. Hay que recordar que estos son países relativamente ricos. Argentina, Brasil y México son miembros del G20, que incluye las economías más importantes del mundo. Chile y Colombia son miembros de otro organismo de países ricos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económica. Sin embargo, las cifras de la pobreza en Brasil y Colombia son casi iguales a las de Nicaragua, las cifras de la pobreza en Chile son asunto de polémica, basado en el nivel ingresos autónomos de las personas, algunas fuentes lo estiman en un 30%. En México alrededor de 50% de la población vive en la pobreza y en Argentina la cifra es mayor de 35%. Todos los cinco países tremendamente ricos tienen altos niveles de desigualdad.
La estructura económica de todos estos países sigue exportando materias primas sin poder diversificar su producción con valor agregado de una manera sustantiva. Chile depende altamente de exportaciones de cobre, Colombia del petróleo, carbón y oro, Argentina de la soya y el maíz. Las mayores exportaciones de Brasil, a pesar de su enorme capacidad industrial, siguen siendo la soya, el petróleo, mineral de hierro y azúcar. Por otro lado, a pesar de tener una gran capacidad agrícola, Colombia importa enormes cantidades de maíz. Brasil, a pesar de tener una gran industria petroquímico y de gas, es entre los mayores importadores de pesticidas y fertilizantes. México es un caso más complicado por motivo de sus estrechas relaciones con Estados Unidos.
Los profundos problemas económicos estructurales que enfrentan las sociedades de estos países se reflejan en sus problemas sociales. En Colombia, se trata del poder de las fuerzas paramilitares, del narcotráfico, una oligarquía atrincherada en casi todos los centros del poder y el poder militar estadounidense firmemente asentado en el territorio nacional. Aparte del poder de los carteles de narcotraficantes, México enfrenta la nefasta herencia neoliberal de décadas de corruptos gobiernos de la derecha y del acuerdo de comercio libre con Estados Unidos que ha destruido su economía rural. En Chile los gobiernos socialdemócratas no han podido resolver los problemas del sistema educativa, del sistema de pensiones o rendir justicia al pueblo mapuche, mucho menos reformar la fascista estructura y cultura de su policía y ejército.
En Brasil, la oligarquía nacional alineada ideológicamente con el Partido Demócrata del Presidente Joe Biden en Estados Unidos permitió a Lula da Silva la oportunidad de volver al gobierno, pero atado con un mecate corto que pueden tirar en cualquier momento. En Argentina, Alberto Fernández, aun si quisiera hacerlo, no ha podido superar las limitaciones de su entendimiento con aliados políticos neoliberales como Sergio Massa e igual que en Colombia, Chile, México y Brasil la derecha mantiene influencia y control decisiva para impedir cambios sustantivos en la configuración del poder político. Por encima de todo, rige la lógica liberal capitalista que prioriza los beneficios empresariales sobre la vida humana.
Así que, si uno considera la historia política de estos países ahora con dirigentes de una u otra manera progresista, se puede ver que las políticas socialdemócratas que ellas y ellos promueven no han sido capaces de resolver los problemas fundamentales de la pobreza, de la democracia y de la soberanía nacional. En cambio, los cuatro países del ALBA, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, sí han logrado tremendos cambios socio-económicos a favor de las mayorías empobrecidas de sus poblaciones a pesar de todos los esfuerzos de los poderes imperialistas para destruirlos. Con verdadera conciencia de clase, han logrado reducir la pobreza, aumentar la igualdad, proteger la integridad de la votación democrática, diversificar su producción económica y la inversión productiva, afianzar la seguridad alimentaria y defender la soberanía nacional. Todos los gobiernos y Estados de América Latina y el Caribe enfrentan problemas que impiden el desarrollo social económico de sus pueblos, pero solo los países revolucionarios han creado las condiciones que les permiten avanzar hacia un futuro mejor de amor y respeto entre las personas, democracia económica, justicia social y Buen Vivir.
Un gobierno revolucionario enfoca sus políticas y programas sobre la persona humana y las familias, sus necesidades y aspiraciones, no sobre los cálculos costo-beneficio del capitalismo impuesto por las élites norteamericanas y europeas. Como dijo nuestro Comandante Daniel en julio del año pasado en el momento del paso del fenómeno Bonnie por el territorio nacional: «El Estado nicaragüense no es más que una Institución al servicio del Pueblo, con una Conciencia, con un Espíritu Revolucionario, es decir, con ese compromiso de Práctica Cristiana, Práctica Socialista y Práctica Solidaria».
Fuente: 19 Digital
