Escrito por Stephen Sefton
La semana pasada se presentó la publicación adelantada de un resumen del informe completa todavía pendiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua. El informe supuestamente resulta de una investigación por un grupo de expertos de “todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”. Con este procedimiento y el documento presentado, se confirma de la manera más categórica posible que el sistema de derechos humanos las Naciones Unidas es cómplice del terrorismo de los países del Occidente contra las naciones y pueblos que resiste su voluntad, en este caso Nicaragua.
Se ha visto el desarrollo cada vez más descarada de esta realidad desde la guerra contra Serbia en 1999 hasta las guerras contra los gobiernos legítimos de Libia, Costa Marfil y Siria en 2011. También en este mismo período han habido la intensificación del genocida bloqueo contra Cuba y de las genocidas ataques de Israel contra el pueblo palestino. Estas guerras han sido acompañadas por la extensión de las sanciones contra Corea del Norte y las intensas medidas coercitivas ilegales contra Irán y otros países. En América Latina, la República Bolivariana de Venezuela ha logrado superar una despiadada ofensiva de sabotaje de infraestructura, robo abierto de su patrimonio nacional y la sádica guerra comercial y financiera de parte de Estados Unidos y sus países aliados.
En todas estas agresiones y campañas de terrorismo ha sido cómplice de una u otra forma la industria occidental de derechos humanos. El colmo de su complicidad en el terrorismo de las clases gobernantes occidentales ha sido su patente colaboración en la ofensiva de los países de la OTAN, por medio del gobierno fascista de Ucrania, contra Rusia y la población rusoparlante del Donbass. Ahora se ha concretado la infame instrumentalización de los derechos humanos como herramienta para calumniar y agredir al gobierno de Nicaragua y encubrir el terrorismo organizado en 2018 por los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea contra el pueblo nicaragüense.
El mismo sistema de las Naciones Unidas, en este caso su Oficina contra la Droga y el Crimen Organizado, define el terrorismo como:
• el uso ilegal de la violencia y la intimidación, especialmente contra civiles, en la búsqueda de objetivos políticos.
• la realización de actos violentos premeditados o la amenaza de violencia perpetrados por miembros de un grupo organizado, diseñados para crear miedo en un adversario o en un segmento específico de la sociedad
• la creación y explotación deliberada del miedo mediante la violencia o la amenaza de violencia en la búsqueda de un cambio político
• la amenaza o el uso real de la fuerza y la violencia ilegales para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coacción o la intimidación
• el uso ilegítimo de la fuerza para lograr un objetivo político dirigiéndose a personas inocentes
Todos estos criterios aplican plenamente al fallido intento de golpe de 2018. Fue notorio que Paolo Abrao de la CIDH afirmó a nuestras autoridades en 2018 que su mandato no cubría actos criminales. Sin embargo, cuando el Estado de Nicaragua aplicó la ley, la CIDH la ONU y sus secuaces ONG reclamaron libertad para los condenados por ser “presos políticos”. Se aplica la misma lógica irracional y contorsionada en este último informe de la ONU, en clara violación de su obligación de respetar la soberanía nacional de Nicaragua.
De hecho, los criminales terrorista fueron procesados conforme con numerosas leyes de la República de Nicaragua, Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro; Ley 919, Ley de Seguridad Soberana; Ley 977, Ley Contra El Lavado De Activos, El Financiamiento Al Terrorismo Y El Financiamiento A La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva; Ley 996, Ley de Amnistía; Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. En adición a estos crímenes se invocaron delitos del Código Penal como: apropiación y retención indebida (Código Penal artículo 238), lavado de dinero, bienes y activos (Código Penal artículo 282), gestión abusiva (Código Penal artículo 278) y falsedad ideológica (Código Penal artículo 285)» o bien por conducta delictiva a traición (Código Penal artículos 410 y 412).
Sin embargo, además de haber violado de una u otra manera este cuerpo de leyes nacionales, los golpistas también violaron numerosos normas del derecho internacional. Se trata de la Convención de la ONU contra la Financiación del Terrorismo; la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes; la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Pero el informe del grupo de expertos del Consejo de los Derechos Humanos sobre Nicaragua ignora por completo todo este cuerpo del derecho internacional que es directamente relevante al actuar de los golpistas de Abril 2018 en adelante, financiado de manera criminal por Estados Unidos y sus gobiernos aliados europeos.
Entonces el Consejo de Derechos Humanos no solamente atropella la soberanía nacional de Nicaragua. Pisotea también el derecho internacional promovido por el mismo sistema de las Naciones Unidas e ignora los criterios en relación al terrorismo de ese mismo sistema. Aun ignora sus propios términos de referencia de investigar “todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018”. No tomó en cuenta repetidas presentaciones de parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua desde abril de 2018 al sistema de derechos humanos de la OEA y de la ONU. Pero quejan en su informe con un descaro asombroso que el gobierno de Nicaragua no respondió a sus solicitudes de información.
El informe tampoco toma en cuenta los innumerables reportajes en los medios locales de Nicaragua de los acontecimientos violentos provocados por la oposición golpista en Nicaragua del 18 de abril 2018 en adelante. Aparte del masivo monto de material disponible en español que desmiente sus falsas conclusiones, el grupo de expertos de la ONU también ha ignorado la sustancial acumulación de material documental y audio visual en inglés que demuestra la total falta de imparcialidad de su informe. Nada de esto es nuevo.
Como han comentado muchas personas, la ONU lleva mucho tiempo sirviendo como herramienta obediente a los objetivos políticos de Estados Unidos y sus aliados. Y no es solamente que los gobiernos de Occidente con total impunidad no cumplen las normas internacionales promovidos por la ONU, es que actúan deliberadamente para violarlas. Como ha comentado la Cancillería de la Federación Rusa en relación a Ucrania, “Ni una sola vez en los últimos ocho años desde la reunificación de Crimea con Rusia, Occidente o los mecanismos de derechos humanos de la ONU han condenado las acciones ilegales e inhumanas de las autoridades ucranianas, que han impuesto un bloqueo de agua, energía, de transporte, alimentario y humanitario a la península.” Y añade la compañera Maria Zakharova, vocera de la Cancillería rusa, “las organizaciones internacionales y europeas de derechos humanos no prestan atención a ello, y hacen la vista gorda ante cualquier violación de los derechos humanos cuando se trata de rusos étnicos. Así se manifiesta la rusofobia de la que venimos hablando desde hace tiempo.”
Desde la derrota de la fase violenta de su intento de golpe de estado en Nicaragua el Julio 2018, las clases gobernantes de Estados Unidos y sus países aliados en la Unión Europea han seguido buscando cómo avanzar su agenda de cambio de régimen en Nicaragua. Este espurio informe de la ONU señala una nueva fase en el hostigamiento imperialista contra Nicaragua. Como era de esperar, Nicaragua ha hecho una respuesta llena de dignidad en defensa de su soberanía declarando al Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
“Reclamamos a este Organismo, que retome los Principios por los cuales fue creado, que es incentivar la protección real, igualitaria y eficaz de los Derechos Humanos, para todos sin igual, sin ninguna discriminación, ni distinción alguna, en el marco del respeto a nuestra Identidad, a nuestra Dignidad, a nuestra Idiosincrasia y más aún, a nuestra Soberanía. Es necesario que este Foro, se empodere de sus responsabilidades, reconozca y respete el Derecho de los Pueblos del Mundo a tomar sus propias decisiones y a vivir en Paz, con Soberanía y Consideración Humana.”
Fuente: 19 Digital
