Por Marco A. Gandásegui, hijo
Todos los años, lo panameños iniciamos el calendario recordando la gesta heroica de la juventud panameña –encabezada por los estudiantes– del 9 de Enero de 1964, que transformó el país y abrió el paso hacia la recuperación de nuestra plena soberanía. Recordamos el sacrificio de los 23 mártires para el engrandecimiento de la Nación, aún en proceso de construcción. También debemos recordar el 31 de Diciembre de 1999, cuando las columnas populares de trabajadores, obreros, empleados, mujeres y estudiantes marcharon al mediodía hacia las inmediaciones del Canal para tomar posesión de las instalaciones de la vía acuática hasta ese día administrada por EEUU.
A diferencia del 9 de Enero –día de duelo– el 31 de Diciembre es un día de celebración. El 9 de Enero de 1964 marcó el final de una lucha de generaciones que culminó con la consigna “Un solo país, una sola bandera”. Los hijos del pueblo –los estudiantes– le habían arrebatado a la oligarquía y enterrado su bandera de “Pro mundo beneficio”.
Pero todos nos preguntamos porque no celebramos cada 31 de Diciembre. Es una fecha que pasa desapercibida, sin gloria e ignorada por gobernantes y gobernados. La respuesta es sencilla. Los triunfos y logros de varias generaciones de panameños para perfeccionar su soberanía y ser dueños del Canal de Panamá fueron secuestrados por las mismas clases sociales que aplaudieron la invasión militar norteamericana de 1989. La consigna ‘Un solo país, una sola bandera’ fue pisoteada aquel 20 de Diciembre para ser reemplazada por el lema que por muchos años acompañaba el escudo nacional: “Pro mundo beneficio”.
El Canal de Panamá aparece en la Constitución Política de la República como un bien público que tiene un solo dueño: el pueblo panameño. Sin embargo, la realidad es otra. El Canal de Panamá es propiedad de la clase ‘rentista’ que gobierna a Panamá bajo un régimen excluyente. Esa propiedad, sin embargo, está condicionada por los intereses del gran capital mundial y la fracción que domina el comercio marítimo mundial y sus grandes consorcios navieros. La Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está compuesta por nueve directivos que responden exclusivamente a los intereses “rentistas” panameños. No tiene ni un solo representante de algún sector productivo, trabajador, académico o agropecuario.
Anualmente, la junta directiva se reúne con una Junta Asesora Internacional (los consorcios navieros) para tomar decisiones en torno al futuro de la vía acuática.
Las decisiones que se toman no tienen relación alguna con los intereses nacionales de Panamá. No hay un momento de silencio para honrar a los mártires y, mucho menos, un análisis de la situación del país. Todo indica que en esas reuniones internacionales hay cierto disgusto con los gobernantes panameños –por parte de los consorcios y los “rentistas”– porque no han podido borrar de la memoria colectiva las jornadas del 9 de Enero y su relación íntima con la Nación. Ese recuerdo se mantiene vivo gracias al pueblo y sus organizaciones que han sido excluidas de los círculos gobernantes desde la invasión norteamericana de 1989.
El pueblo panameño se ha dividido frente a muchos hechos históricos. La separación de Colombia todavía se debate, la creación de la Zona del Canal, también es materia de discusión las protestas sociales y la siembra de banderas. La gesta del 9 de Enero se conserva intacta pero cada sector social del país lo considera parte de su patrimonio y lo conmemora por separado. No hay unidad. En 2018, la oligarquía quiere introducir un cambio en la estrategia para borrar la memoria histórica de los panameños.
Todos tenemos que participar en las marchas del 9 de Enero y llegar a la llama eterna en el monumento de los mártires. Los esperamos en las escalinatas del Instituto Nacional o en la Universidad de Panamá, también al pie del monumento a los mártires.
Fuente: Bayano Digital
