La administración Biden ha anunciado nuevas sanciones que pretenden golpear a los nicaragüenses más pobres, tanto en sus bolsillos como en los servicios públicos de los que dependen. Este último ataque a un pequeño país centroamericano está, como se acostumbra, disfrazado de promoción de la democracia diciendo que las sanciones “negarán al régimen de Ortega-Murillo los recursos que necesita para continuar socavando las instituciones democráticas en Nicaragua”.
Las exportaciones de oro proporcionan ingresos fiscales que financian los gastos sociales masivos de Nicaragua, incluido este hospital en Bilwi, Puerto Cabezas, que atenderá a los pueblos del Triángulo Minero.
Pero todo mundo sabe el objetivo real son los nicaragüenses comunes que votaron abrumadoramente en las elecciones del año pasado para que el gobierno sandinista se mantuviera en el poder.
Cualquiera que escuche o vea la noticia de NPR (Radioemisora Pública Nacional) sobre las sanciones habrá escuchado que están dirigidas a la “industria del oro de Nicaragua”, con un mensaje implícito de que esto golpea el cofre del tesoro personal del presidente Daniel Ortega. La realidad es muy diferente. La minería de oro en Nicaragua por lo general se realiza de manera menos dañina al medio ambiente comparado con la mayoría de los demás países, es una gran industria de exportación que emplea a miles de personas en una de las regiones más pobres del país. También genera importantes ingresos fiscales para el gobierno, lo que permite financiar sus numerosos programas sociales. Las sanciones afectan no sólo al negocio de la minería aurífera sino a todas las personas involucradas en su gestión. El objetivo obvio es ahuyentar a los inversionistas, administradores y técnicos de la industria. El mensaje explícito es: pongan su dinero en Nicaragua y pierdan los activos que tienen en bancos estadounidenses.
¿Fue casualidad que las sanciones se anunciaran el mismo día que el gobierno sandinista presentó su presupuesto anual para 2023? El presupuesto es 14% superior al de este año, con más de la mitad de los gastos destinados a la inversión social. Incluye la construcción de no menos de nueve nuevos hospitales públicos, 4.300 hogares más al stock de viviendas sociales [asequibles], llevando electricidad a 35.000 hogares adicionales y mejoras masivas en los servicios de agua y saneamiento. Gran parte de la nueva inversión está dirigida a las regiones caribeñas del país de escasos recursos, que ahora están debidamente conectadas con los principales centros de población de la costa del Pacífico mediante carreteras recientemente terminadas y el enorme nuevo puente sobre el río Wawa. Estas regiones son una prioridad, en parte, porque fueron gravemente dañadas por los huracanes recientes. Los cuidadosos planes del gobierno para proteger a las personas y reconstruir los asentamientos afectados, contribuyeron a que Daniel Ortega obtuviera el nivel más alto de apoyo, comparado con cualquier otra región del país durante las elecciones del año pasado.
¿Será otra coincidencia que estas zonas donde la extracción de oro es una importante fuente de empleo, se hayan convertido en el objetivo específico de las sanciones de Estados Unidos?
El segmento de NPR repite el señalamiento de la era Trump de que Nicaragua es “una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Esta ridícula afirmación, relanzada para justificar las recientes acciones de Biden, no tiene base en la realidad. Nicaragua es uno de los países más pequeños y pobres de América Latina, con una población de menos de siete millones, uno de los niveles más bajos de gasto en defensa del mundo y un producto nacional bruto equivalente a una ciudad estadounidense de tamaño medio. Incluso, la idea de que es una amenaza a la seguridad de sus vecinos es absurda, y mucho menos a la de Estados Unidos.
El comunicado de prensa del Departamento de Estado revela otro motivo de las sanciones: la alianza de Nicaragua con Rusia. Detrás de esto está el temor de Washington de que los países latinoamericanos, y no solo aquellos con gobiernos de izquierda, estén estrechando lazos tanto con Moscú como con Beijing. Un segundo mensaje es: haz alianzas con nuestros enemigos y serás castigado. Dentro de esto hay un tercer mensaje implícito: puedes pensar que eres un estado soberano, pero, de acuerdo con el «orden internacional basado en normativas» donde Estados Unidos decide las reglas, debes hacer lo que decimos.
Mientras escribo esto, llegan noticias sobre otro ejemplo de injerencia estadounidense en los asuntos de otro país, esta vez en la vecina Honduras. La embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, trata de asegurar los intereses de las empresas estadounidenses involucradas en los proyectos inconstitucionales conocidos como “ZEDES” o ciudades modelo creadas por el anterior gobierno corrupto, reemplazado en enero pasado por la presidenta progresista Xiomara Castro. El Canciller de la presidenta Castro formalmente citó a Dogu para que explique por qué intenta socavar las medidas del gobierno por restablecer el estado de derecho en las zonas donde se instalaron las ZEDES y por qué se opone a otras acciones de la presidenta Castro para esclarecer la corrupción del gobierno anterior. Como exembajadora en Nicaragua, Dogu estuvo involucrada en similar injerencia en este país.
En otro ejemplo reciente, The Intercept acaba de revelar que, en un informe al Congreso de Estados Unidos, la administración Biden sigue respaldando las afirmaciones de fraude electoral en las elecciones de Bolivia de 2019, que en ese momento abrió la puerta para un Golpe de Estado fraguado por fuerzas de derecha. cuyo gobierno duró hasta casi fines de 2020. Da la casualidad de que los gobiernos de izquierda tanto en Honduras como en Bolivia están actualmente bajo la amenaza de la derecha. En Bolivia, la oposición ha organizado una huelga general en la rica región de Santa Cruz. En Honduras, los políticos de la oposición están orientando a sus seguidores que tengan listas sus «camisas blancas», un símbolo de apoyo al caído en desgracia expresidente Hernández y el clan corrupto que lo rodeaba. Este precisamente es el momento en que Washington debería estar apoyando a los gobiernos electos, con los que puede tener desacuerdos, pero sin socavarlos. ¿O es a esto que el Departamento de Estado se refiere cuando “promueve la democracia?”
Estas acciones forman parte de un fracaso más amplio de Biden para enfrentarse al renovado surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina. El reciente ejemplo más notable de esto fue, por supuesto, la vergonzosa Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California que muchos de los gobiernos del continente boicotearon. Luego de esto, los colombianos eligieron al progresista Gustavo Petro como presidente y los brasileños tienen en segunda vuelta, la oportunidad de regresar al poder a su expresidente progresista, Luiz Inácio Lula da Silva. [Lula ganó las elecciones del 30 de octubre, derrotando al presidente derechista Jair Bolsonaro.]
En un artículo para Aljazeera, el académico canadiense John Kirk escribió recientemente que “es hora de que Estados Unidos reconozca que América Latina se está transformando y el activismo de izquierda en los años del 2020 representa un claro rechazo a las políticas de las últimas décadas”. Kirk argumenta que la región está abierta al diálogo con Estados Unidos, pero esto tiene que ser un intercambio respetuoso de opiniones, no “dictados de arriba hacia abajo”. Puede que tenga razón: a pesar de las fuertes sanciones, Venezuela ha entablado un diálogo espasmódico con Washington, a cómo lo ha hecho Cuba en la limitada medida de lo posible.
Nicaragua, por otro lado, se negó recientemente a aceptar al nuevo embajador designado por Estados Unidos, Hugo Rodríguez, después de que prometió al Congreso que “apoyaría el uso de todas las herramientas económicas y diplomáticas para lograr un cambio de dirección en Nicaragua”. Rodríguez también se refirió a Nicaragua como un “estado paria”, mostrando precisamente la arrogancia que el académico Kirk describió como el obstáculo a cualquier diálogo sensato entre Washington y sus vecinos del sur. Mientras tanto, Rusia y China (y, de hecho, otros estados importantes como India, Japón y Corea del Sur) ofrecen asistencia para el desarrollo sin condicionamientos «dictados de arriba hacia abajo» o «promoción de la democracia» que Washington cree tiene derecho a imponer. Hasta que los sucesivos gobiernos estadounidenses aprendan a comportarse de otra manera, seguirán perdiendo amigos en América Latina en lugar de atraer nuevas amistades.
[Nota del editor: A raíz de la reciente firma por parte del presidente Biden de la Orden Ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios en la industria del oro de Nicaragua, la transnacional canadiense Calibre Mining Corp anunció que continuará con sus operaciones en Nicaragua. Otra empresa, Condor Gold, con sede en el Reino Unido, dijo que no anticipa que las sanciones impuestas por Estados Unidos tengan impacto en su operación en el país. El año pasado, Estados Unidos impuso las sanciones de la “Ley Renacer” a Nicaragua pocos días antes de las elecciones presidenciales. Ahora, justo antes de las elecciones municipales del 6 de noviembre, golpean a Nicaragua con más sanciones como una forma de tratar de influir en los votantes].
(*) [John Perry vive en Masaya, Nicaragua y escribe para el Consejo de Asuntos Hemisféricos, London Review of Books, FAIR y otros medios.]
Versión en inglés
Published by the Nicaragua Network, a project of Alliance for Global Justice!
New US Sanctions Are Designed to Hit Nicaragua’s Poorest Citizens
By John Perry
[John Perry is based in Masaya, Nicaragua and writes for the Council on Hemispheric Affairs, London Review of Books, FAIR and other outlets.]
The Biden administration has announced new sanctions which are intended to hit the poorest Nicaraguans – both in their pockets and in the public services on which they depend. This latest attack on a small Central American country is, as usual, dressed up as promoting democracy saying that the sanctions will “deny the Ortega-Murillo regime the resources they need to continue to undermine democratic institutions in Nicaragua.”
Gold exports provide tax revenue that funds Nicaragua’s massive social expenditures, including this hospital in Bilwi, Puerto Cabezas, which will serve the towns of the Mining Triangle.
But everyone knows the real target is ordinary Nicaraguans who voted overwhelmingly to return a Sandinista government to power in last year’s elections.
Anyone hearing or seeing the NPR news item on the sanctions will have read that they are aimed at “Nicaragua’s gold industry,” with an implicit message that this hits President Daniel Ortega’s personal treasure chest. The reality is very different. Gold mining in Nicaragua – generally speaking carried out in less environmentally damaging ways than in most other countries – is a big export industry, employing thousands of people in one of the country’s poorest regions. It also generates significant tax income for the government, which helps fund its enormous social programs. The sanctions affect not just the gold mining business but all the individuals involved in its management. The obvious aim is to scare away the industry’s investors, administrators and technicians – put your money in Nicaragua and lose any assets you have in US banks, is the explicit message.
Was it a coincidence that the sanctions were announced on the same day that the Sandinista government presented its annual budget for 2023? The budget is 14% higher than this year’s with more than half of the expenditures devoted to social investment. Included in this are the construction of no fewer than nine new public hospitals, adding 4,300 homes to the stock of social [affordable] housing, bringing electricity to an additional 35,000 households and massive improvements in water and sanitary services. Much of the new investment is directed towards the country’s under-resourced Caribbean regions, now properly connected to the main population centers on the Pacific coast by recently completed highways and the huge new River Wawa bridge. These regions are a priority – in part – because they were heavily damaged by recent hurricanes. The government’s careful plans to protect people and rebuild affected settlements helped secure the highest levels of support for Daniel Ortega in any region during last year’s elections.
Is it another coincidence that these are the areas where gold mining is a major source of employment, now to be the specific target of US sanctions?
The NPR segment repeats the Trump-era argument that Nicaragua is “a threat to U.S. national security.” This ridiculous claim, rolled out again to justify Biden’s latest actions, has no basis in reality. Nicaragua is one of Latin America’s smallest and poorest countries, with a population of under seven million, one of the lowest levels of defense spending in the world and a gross national product equivalent only to that of a mid-sized US city. The idea that it threatens the security even of its neighbors is absurd, much less that of the United States.
The State Department’s press release discloses another reason for the sanctions: Nicaragua’s alliance with Russia. Behind this is Washington’s fear that Latin American countries, and not only those with left-wing governments, are building closer ties both with Moscow and with Beijing. A second message is: make alliances with our enemies and you will be punished. Within this is a third implicit message: you may think you are a sovereign state, but, according to the “rules-based international order” where we decide the rules, you must do as we say.
As I write this, news comes in about another example of US interference in the affairs of another country, this time in neighboring Honduras. The US ambassador, Laura Dogu, is trying to protect the interests of US companies involved in unconstitutional projects known as “ZEDEs” or model cities, set up by the previous corrupt government, replaced in January by the progressive President Xiomara Castro. Castro’s foreign minister has formally requested Dogu’s attendance to explain why she is trying to undermine government attempts to reestablish the rule of law in the zones where the ZEDEs were set up, and why she opposes Castro’s other measures to clear up the previous government’s corruption. As a previous ambassador to Nicaragua, Dogu was involved in similar interference here.
In yet another recent example, The Intercept has just revealed that, in a report to the US Congress, the Biden administration continues to endorse claims of electoral fraud in Bolivia’s 2019 election, which at the time opened the door for a right-wing takeover of the government that lasted until near the end of 2020. As it happens, the left-wing governments in both Honduras and Bolivia are currently under threat from the right. In Bolivia, the opposition has mounted a general strike in the rich region of Santa Cruz. In Honduras, opposition politicians are calling for their supporters to have ready their ”white shirts,” a symbol of support for disgraced former president Hernandez and the corrupt clan that surrounded him. This is precisely the moment when Washington should be supporting elected governments, with whom they may have disagreements, not undermining them. Or is this what the State Department means when it “promotes democracy?”
These actions are part of a wider failure on Biden’s part to come to grips with the renewed emergence of progressive governments in Latin America. The most notable recent example of this was, of course, the embarrassing Summit of the Americas in Los Angeles, which many of the continent’s governments boycotted. Since then, Colombians have elected the progressive Gustavo Petro as president and Brazilians have, at the second attempt, the chance to bring back to power their former progressive president, Luiz Inácio Lula da Silva, “Lula”. [Lula wonthe Oct. 30 elections, defeating right-wing President Jair Bolsonaro.]
In an article for Aljazeera, Canadian academic John Kirk recently wrote that “it is time for the US to recognize that Latin America is being transformed, and the leftist activism of the 2020s represents a clear rejection of the policies of recent decades.” He argues that the region is open to dialogue with the US, but this has to be a respectful exchange of opinions, not “a top-down lecture.” He may be right: despite heavy sanctions, Venezuela has engaged in spasmodic dialogue with Washington as, to the limited extent possible, has Cuba.
Nicaragua, on the other hand, recently refused to accept new US ambassador Hugo Rodriguez after he promised the US Congress that he would “support using all economic and diplomatic tools to bring about a change in direction in Nicaragua.” Rodriguez went on to call Nicaragua a “pariah state,” displaying precisely the arrogance that Kirk described as the obstacle to any sensible dialogue between Washington and its southern neighbors. Meanwhile, Russia and China (and, indeed, other major states such as India, Japan and South Korea), offer development assistance free of the “top-down lectures” and “democracy promotion” which Washington believes it is entitled to employ. Until successive US governments learn to behave otherwise, they will continue to lose friends in Latin America rather than make new ones.
[Editor’s note: In the aftermath of President Biden’s recent signing of the Executive Order that bans U.S. companies from doing business in Nicaragua’s gold industry, the Canadian transnational Calibre Mining Corp that it will continue its operations in Nicaragua. Another company, UK-based Condor Gold, said it does not expect the sanctions imposed by the US to have an impact on its operation in the country. Last year the US slapped the “Renacer Act” sanctions on Nicaragua just days before the presidential elections. Now more sanctions hit Nicaragua right before the November 6 municipal elections as a way to try to sway voters.]
Fuente: 19 Digital
