En las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de noviembre en Nicaragua hubo una participación del 65.26% de los ciudadanos aptos para votar, y este porcentaje, que en cualquier país es más que aceptable para la legitimidad política de una elección, adquiere un significado especial en este caso, por dos cosas: Primero, hubo una campaña sistemática y sostenida a favor de la abstención, impulsada por el sector mediáticamente más ruidoso de la derecha, que responde a los intereses de la oligarquía, acata órdenes expresas de los operadores de inteligencia norteamericanos y, siguiendo instrucciones de éstos, opta por el golpismo; y segundo, las elecciones se realizaron en medio del asedio político y mediático ejercido por la industria comunicacional al servicio de Estados Unidos y la Unión Europea, potencias imperialistas hegemónicas a nivel mundial que se han planteado como objetivo la deslegitimación del proceso electoral y la democracia nicaragüense.
El pueblo nicaragüense pues, este 7 de noviembre se sintió desafiado por los mismos que invadieron el país tres veces entre 1856 y 1927, en dos de las cuales fueron derrotados por la resistencia heroica de esta pequeña nación, en la segunda ocasión bajo el liderazgo revolucionario del General Augusto C. Sandino, asesinado a traición poco después de la expulsión de las tropas interventoras y frustrándose así el triunfo del movimiento popular por lo incipiente de su organización en el aspecto político, ya que por las circunstancias de entonces solamente había tenido expresión militar, pero el movimiento resurgió un cuarto de siglo después para enfrentar y derrotar, mediante la lucha guerrillera e insurreccional, a la dictadura de los Somoza, impuesta por Estados Unidos tras el asesinato de Sandino, y cuyo derrocamiento significó el único triunfo revolucionario a través de la lucha armada en el hemisferio occidental, después de la Revolución Cubana.
Este 7 de noviembre el pueblo nicaragüense se sintió retado por los mismos que además de haber invadido tres veces el país e imponer una de las más cruentas dictaduras del continente, cuyas patadas de ahogado causaron más de cincuenta mil muertos en una población que entonces era de tres millones de habitantes, montaron infructuosamente después del triunfo revolucionario una guerra de agresión que causó cuarenta mil muertos más, y por la que los agresores fueron condenados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, negándose luego a cumplir el fallo de dicho organismo; los mismos que casi dos décadas después, en 2018, orquestaron el golpe de Estado fallido producto del cual perdieron la vida alrededor de doscientos nicaragüenses, más de la mitad de ellos sandinistas asesinados a sangre fría por las hordas de la extrema derecha neosomocista, mientras ésta vivía su efímero y sádico instante de pírrica gloria, en el que, autoengañándose con la creencia de estar a punto de tomar el poder, mostró su verdadero rostro, el abominable rostro del fascismo.
En Nicaragua el voto es domiciliar, o sea que los Centros de Votación se encuentran cerca de las casas de habitación, lo cual hizo particularmente visible de manera presencial para el ciudadano común y corriente, la multitudinaria concurrencia a las elecciones y las filas para votar, a pesar de que por otra parte, éstas suelen ser menos largas con este sistema, debido a la cantidad de sitios disponibles para que los ciudadanos ejerzan el voto, además de que dentro de en cada Centro hay varias Juntas Receptoras de Votos, todo lo cual no impidió la permanencia de filas por todos lados durante buena parte del proceso. La masiva participación de los ciudadanos en las elecciones fue pues, evidente para quienes vivimos en Nicaragua, lo que hace también evidentes las impúdicas mentiras de los medios de comunicación al servicio del imperialismo, aunque siempre cabe la posibilidad de que alguien se haya negado a salir de su casa, o mejor dicho, a abrir siquiera su puerta, o no haya visto cinco de los nueve canales de televisión existentes en el país, y por tales razones no se haya dado por enterado del verdadero desborde popular que hubo el 7 de noviembre, primero para votar y luego, para celebrar el triunfo sandinista. Sin embargo, para cualquier nicaragüense dentro de su país es imposible no haber escuchado, por muy efectivos tacos que se haya puesto en los oídos, la música revolucionaria en barrios y comunidades, recorriendo nuestras calles libres y seguras, o el sonido de los tradicionales cohetes con que aquí celebramos desde los triunfos boxísticos del Chocolatito y los de nuestros equipos de béisbol favoritos, hasta los triunfos electorales, pasando por las fiestas patronales religiosas en honor a los santos de cada pueblo, los cumpleaños e incluso, los triunfos amorosos.
No hubo un solo disturbio, un solo acto de violencia, una sola protesta de ningún tipo. Inconcebible en el país que la industria mediática presenta al mundo. Las noticias sobre Nicaragua, a falta de fotos que se correspondan con la falsa imagen que se vende en el mundo, siempre se ven acompañadas con imágenes correspondientes al breve lapso de tiempo transcurrido entre abril y julio de 2018, cuando el país se vio acosado por el terrorismo y la guerra psicológica característica del formato de golpe suave que se nos aplicó de manera fallida.
Valga señalar que, desde las primeras elecciones libres en Nicaragua, celebradas en 1984, el porcentaje más bajo de participación se dio en las elecciones presidenciales y legislativas de 2006, con el 61.23%. Comparativamente con países cuyos gobiernos descalifican las elecciones de Nicaragua, tómese en cuenta que desde 1912 el principal de ellos, Estados Unidos, nunca ha alcanzado el índice de participación que hubo en nuestro país el 7 de noviembre (de 65.26%, como hemos dicho), pues el más alto en la metrópoli imperial ha sido del 63.80% (en 1960, en la elección de John F. Kennedy). Dicho sea de paso, recuérdese que el sistema electoral de ese país, con su bipartidismo excluyente, se basa en elecciones indirectas, en las que puede ganar el que tiene menos votos, lo cual ha sucedido varias veces, incluyendo los triunfos electorales de George W. Bush y Donald Trump, sin que nadie cuestione semejante mecanismo, antidemocrático a todas luces. Otro dato: el desprestigiado Presidente de Chile, Sebastián Piñera, una de las voces más estridentes en el afán de descalificar el proceso electoral nicaragüense, fue electo con una participación de tan sólo el 48.98% de la población votante.
En su intento de tapar el sol con un dedo, en su afán de negar la amplia participación popular en las elecciones, la derecha golpista recurrió a un organismo fantasma y caracterizado por su activismo político favorable al golpismo, llamado “Urnas abiertas”, para decir de la forma más descarada, que la participación electoral fue de menos del 20%, basándose para ello en supuestos observadores a los que nadie observó en ningún Centro de Votación, y que de manera misteriosa habrían logrado, en su delirio, constatar el porcentaje de participación que hubo en cada Junta Receptora de Votos. Por si esto fuera poco, de manera insólita este informe ha sido tomado como fuente fiable por grandes medios de difusión a nivel mundial, como si se tratara de una autoridad competente o al menos con un mínimo de credibilidad.
La masiva participación en las elecciones del 7 de noviembre es también, evidentemente, expresión del gran respaldo popular con que cuenta el gobierno sandinista de manera sostenida y casi ininterrumpida desde poco tiempo después del regreso del sandinismo al gobierno en 2007, y que se explica por varias razones, entre las que cabe destacar la sensible mejoría en las condiciones de vida de la gran mayoría de la población, que se manifiesta en la reducción de la pobreza a la mitad, de la extrema pobreza en dos tercios, la gratuidad y calidad de la salud y la educación, la reducción del 30% al 3% del analfabetismo, la reducción de la mortalidad infantil de 29 a 11.4 niños por cada mil nacidos vivos, el subsidio al transporte público, la facilitación del acceso a la vivienda para los sectores con menos ingresos, la construcción de hospitales, centros de salud, escuelas, carreteras, unos índices de seguridad ciudadana entre los más altos de América Latina y con diferencia, los más altos de Centroamérica, las políticas y programas sociales orientados a la consolidación de la economía popular, basada en la propiedad asociativa, cooperativa, familiar y comunitaria, que produce más de la mitad del Producto Interno Bruto; políticas y programas entre los cuales sobresalen el Bono Productivo Alimentario para el campo, el Programa Usura Cero para la ciudad y la titulación masiva de propiedades; todo esto en el marco de políticas económicas que salvaguardan la estabilidad y que han garantizado un crecimiento económico constante y con equidad social, que fue de un 4.5% en promedio entre 2007 y 2017, interrumpido por el intento de golpe de Estado, cuyo impacto fue agravado por dos huracanes y la pandemia, pero retomado a partir de este año, en el que tendremos un crecimiento económico de entre un 5% y un 7%.
Otra razón fundamental para el respaldo popular mayoritario al gobierno sandinista es el modelo de protagonismo popular a nivel territorial y sectorial, la presencia de un liderazgo político popular masivo de carácter revolucionario, organizado hasta en el último rincón del territorio nacional y con una historia de lucha que hace del sandinismo un fenómeno sociocultural sin el que ya desde hace décadas no se concibe la sociedad nicaragüense, como expresión de un proyecto revolucionario en marcha que no solamente ha transformado la realidad socioeconómica y política del país, sino que ha impregnado en la conciencia popular la identificación con ese proyecto transformador de nuestra sociedad, que tiene como base doctrinaria el poder popular, el socialismo y el antimperialismo, de donde surge el modelo socioeconómico y político de la Revolución Sandinista, actualmente en su segunda etapa, iniciada en 2007; a lo cual se debe sumar el papel que ha jugado históricamente el liderazgo ejercido por el Comandante Daniel Ortega en aras de una estrategia victoriosa, la unidad, la consistencia política y la identidad ideológica revolucionaria del sandinismo como fuerza organizada.
He ahí la explicación, no solamente del respaldo popular mayoritario al sandinismo, sino de por qué el pueblo nicaragüense ha sido capaz de desafiar al imperialismo y sus lacayos internos con su participación en el proceso electoral, que no solamente es expresión de altos niveles de conciencia revolucionaria, sino de patriotismo y dignidad nacional, también atribuibles a los ciudadanos que optaron por otras fuerzas políticas, pero que tuvieron el coraje y sintieron el deber patriótico de participar en estas elecciones, en las que por cierto y contra la imagen que pretenden presentar los medios de comunicación hegemónicos, las fuerzas políticas adversas al sandinismo que participaron no son para nada despreciables, como las quiere proyectar la extrema derecha que ni siquiera fue capaz de organizarse políticamente conforme a los requerimientos del ordenamiento jurídico nicaragüense.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) es el único que ha logrado organizar la derecha en Nicaragua desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, que dio inicio así a su primera etapa en los años ochenta. El PLC, existente desde los años sesenta, se organizó como fuerza aglutinadora de la derecha en los años noventa, ganando las elecciones de 1996 y siendo la fuerza principal de la derecha en su siguiente triunfo electoral, en 2001. Posteriormente se dio la división entre dicho partido, representante de la burguesía plebeya, y uno nuevo, más afín a la burguesía oligárquica, llamado Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), nombre adoptado de la antigua alianza encabezada por el PLC. La ALN también compitió en estas elecciones, si bien ya no es el partido de la oligarquía propiamente dicho. Otro partido participante es el más antiguo de todos, el Partido Liberal Independiente (PLI), fundado en los años cincuenta y en cuya casilla electoral compitió la derecha oligárquica en 2011, alcanzando un 31%. Otro partido es la Alianza por la República (APRE), fundado poco después del 2000 por sectores afines a la oligarquía, pero luego distanciado de ella. También compitió Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), un partido evangélico que ha logrado mantenerse a flote con presencia institucional desde su fundación en los años noventa, cuando dio la gran sorpresa en las elecciones de 1996 por el porcentaje obtenido, a pesar de ser por entonces un partido de reciente formación. Y participó también el partido YATAMA, con presencia circunscrita a las regiones autónomas del Caribe nicaragüense, y que nació como agrupación armada de los indígenas miskitos que se alzaron contra la Revolución en los años ochenta, debiendo señalarse al respecto el hecho relevante de que en estas elecciones, la parte norte de la Costa Caribe, que es donde tiene este partido su principal base social, fue donde el sandinismo obtuvo los mejores resultados. Tanto CCN como YATAMA han sido aliados del FSLN en determinado momento, mas no en esta elección.
Como puede verse, los partidos que compitieron con el FSLN no son partidos improvisados y desconocidos, como han sido presentados por la desinformación mediática de la derecha nacional e internacional. Partidos improvisados fueron los que ni siquiera pudo llegar a formar la derecha golpista que descalifica a los partidos participantes, y que incluso iba dividida en dos bandos, en su frustrado intento de participar en estas elecciones. Frustrado por su incapacidad y la incompatibilidad de sus acciones con nuestro ordenamiento político-jurídico, por cierto muy similar en muchos aspectos, al de cualquier país regido por los principios de la democracia occidental, que ciertamente no es a la que el sandinismo apuesta y mal haría en hacerlo, pero algunos de cuyos elementos han sido incorporados desde el inicio mismo de la Revolución, en el modelo político adoptado por esta fuerza política.
Uno de los más cínicos cuestionamientos que se han hecho a las elecciones en Nicaragua tiene que ver con las normas electorales vigentes, pero pocos saben (y muchos no quieren saber) que las normas que rigieron las tres elecciones presidenciales ganadas por la derecha (en 1990, 1996 y 2001) eran muy parecidas a las actuales y nunca fueron cuestionadas por quienes ahora lo hacen, por la evidente y sencilla razón de que quien gana las elecciones es el sandinismo. El otro cuestionamiento, que es la no participación de la derecha golpista en las elecciones del 7 de noviembre, usada como argumento para descalificarlas, es responsabilidad exclusiva de este sector extremista de la derecha, por su incapacidad para organizar un partido cumpliendo los requisitos de ley, o más bien dos partidos, pues su pseudoliderazgo estaba dividido al momento en que quedó clara la imposibilidad de su participación. Un dato interesante con respecto a este tema es que en Costa Rica, en las elecciones de las que resultó ganador uno de los más emblemáticos vociferadores de oficio contra las elecciones en Nicaragua, el actual Presidente Carlos Alvarado, quedaron fuera de la competencia los aspirantes presidenciales Juan Diego Castro y Mauricio Herrera, porque no encontraron casilla electoral, así como Camilo Rodríguez Chaverri, del Partido Renovación Costarricense, y Viviam Quesada, del partido Fuerza Democrática, inhibidos por no cumplir algunos requisitos de rigor. Todos apelaron, pero sus apelaciones no prosperaron. Ni en este caso, ni en el de Chile, hubo organismo internacional o medio de comunicación hegemónico alguno que cuestionara la legitimidad de los comicios.
Tampoco hubo tal cuestionamiento en el caso de Brasil, en las elecciones que ganó esa impresentable caricatura tropical de Trump, Jair Bolsonaro, donde el ex Presidente Lula da Silva no pudo competir por estar siendo sometido a un proceso judicial plagado de irregularidades y basado en acusaciones no solamente falsas (según ha quedado demostrado), sino absurdas. Tampoco hubo cuestionamiento a las elecciones de Ecuador, donde el ex Presidente Rafael Correa no pudo participar este año por ser víctima de una persecución jurídica de carácter político, similar a la sufrida por Lula. Y estos sí que eran potenciales candidatos ganadores, no como los que, sin haber llegado a ser siquiera candidatos, se autoproclamaron como tales en Nicaragua.
Pero el colmo del cinismo de los voceros oficiosos, internos y externos, de los grupos de poder hegemónicos en el mundo, puede verse en el silencio que guardaron ante lo que sucedió cuando la actual derecha golpista nicaragüense controlaba el poder electoral en Nicaragua, en las elecciones de 1996 y 2001. Poca gente sabe o recuerda (y muchos no quieren saber ni recordar) que en 1996, el Consejo Supremo Electoral nicaragüense (por entonces en manos de los actuales golpistas, entre ellos los autollamados renovadores, que ya habían traicionado al sandinismo) no titubeó en inhibir arbitrariamente a cuanto candidato obstaculizara los planes de las fuerzas políticas que lo controlaban, entre cuyas víctimas estuvo nada menos que el recientemente fallecido Antonio Lacayo, quien era Ministro de la Presidencia, esposo de la ahora procesada por diversos delitos, Cristiana Chamorro y por tanto, yerno de la Presidenta de turno en esa época, Violeta Barrios de Chamorro. Otro de los candidatos inhibidos en aquel entonces fue Álvaro Robelo, que era la gran sorpresa electoral del momento por su repentina aparición en la vida política del país, con un rápido crecimiento en las encuestas. Esto sin mencionar el descarado fraude electoral cometido en las elecciones de ese año, cuando al día siguiente de la votación aparecieron grandes cantidades de actas de escrutinio en las que ganaba el FSLN y boletas electorales marcadas a su favor, tiradas en los cauces de desagüe pluvial de Managua.
Contrario a lo que se presenta mediáticamente a nivel mundial, actualmente en Nicaragua nadie está encarcelado por sus ideas ni por aspiraciones políticas, ni ha sido inhibido de participar en las elecciones por tal razón (como sí sucede en algunos países cuyos gobiernos están entre nuestro detractores, como España, por ejemplo), y ninguna de las aproximadamente treinta personas que en estos meses han sido detenidas en estricta aplicación de nuestras leyes era candidato presidencial de fuerza política alguna; incluso de los siete que al respecto se mencionan, solamente tres se habían inscrito como precandidatos. Es decir, los siete que habían expresado aspiraciones a ser candidatos presidenciales (varios de ellos sin saber siquiera de qué partido) no están presos por eso, sino entre otras cosas, por conspirar para realizar acciones terroristas similares a las que ellos mismos dirigieron en 2018, y que esta vez estarían destinadas a boicotear las elecciones en las que se sabían perdedores, pero en las que de todas maneras no podían participar, pues en Nicaragua hay un impedimento constitucional en tal sentido para quienes hayan participado en intentos de golpes de Estado, como también hay una ley con implicaciones penales incluidas, que impide ser candidatos a cargos públicos, a quienes pidan intervención extranjera o promuevan acciones lesivas contra su propio país, como son las actuales agresiones económicas llevadas a cabo por Estados Unidos contra Nicaragua, que impiden el acceso del país a créditos internacionales, boicotean el funcionamiento de instituciones como la Fiscalía y la Policía Nacional (la más efectiva de la región contra el crimen organizado) y asfixian a empresas destinadas a financiar los programas sociales que tienen entre sus fines, la lucha contra la pobreza (en la que tantos logros se han alcanzado en nuestro país). Además de los llamados públicos a intervención militar y a agresiones económicas contra Nicaragua, estas personas dirigían organismos que recibían recursos financieros de agencias extranjeras hostiles (reconocido con el mayor cinismo, tanto por quienes los otorgaron como por quienes los recibieron), destinados a la desestabilización, y algunos practicaban lavado de dinero con esos fondos, cuya procedencia suele ser muy oscura, como ocurría cuando el gobierno de Ronald Reagan financiaba a la contrarrevolución nicaragüense con fondos provenientes del narcotráfico y de transacciones ilegales con terceros países.
Las leyes que se aplicaron en estos casos son similares a las que existen en varios de los países cuyos gobiernos han reprochado al gobierno nicaragüense por aprobarlas y aplicarlas. Al parecer, los detenidos que en algún momento manifestaron aspiraciones presidenciales lo hicieron creyendo que así obtendrían impunidad, apostando a que el gobierno sandinista no se atrevería a aplicarles la ley para evitar los correspondientes costos políticos, y en caso de aplicárseles, pues le harían pagar esos costos políticos al gobierno, presentándose como candidatos presidenciales indebidamente inhibidos y/o encarcelados por sus aspiraciones políticas, lo que finalmente han hecho. Al ser reincidentes en los actos terroristas de 2018, los delitos de entonces se incorporan en las acusaciones, pues el indulto que en su momento se otorgó a quienes los cometieron contemplaba su pérdida de validez en caso de repetición y, a propósito de aspiraciones presidenciales, sólo aplicaba para la privación de libertad, pero no para las inhibiciones políticas.
Como ha podido verse y es obvio, algunos de los más graves delitos que se les imputa a estos personajes han sido cometidos por ellos de forma pública, incluyendo el de pronunciarse a favor de la intervención extranjera y las agresiones, así como también es público el financiamiento que recibían de las agencias extranjeras hostiles a Nicaragua. Por tanto, las acusaciones son en gran medida, formalidades jurídicas necesarias por delitos cuya confesión y carácter público pone en evidencia a sus autores, contrario a los mencionados casos de dirigentes políticos de izquierda que sí han sido perseguidos y arbitrariamente inhibidos de ser candidatos, sin que haya habido por ello pronunciamientos de quienes nos acusan o menos aún, agresiones económicas a esos países o presuntas sanciones a sus gobernantes. Y a propósito de sanciones y agresiones cuyo pretexto, por tanto, nada tiene que ver con sus verdaderos motivos, es oportuno aquí hacer referencia a la pasmosa y absoluta incapacidad de la derecha vendepatria para entender que un sandinista sólo puede sentirse premiado, honrado, moralmente enaltecido, cuando las potencias imperialistas le aplican sus mal llamadas sanciones a título personal, y la incapacidad para comprender esto se debe a que para un vendepatria, que se arrastra ante los poderosos del mundo, una sanción impuesta por aquellos a quienes considera sus amos es lo peor que se pueden imaginar, y aunque nunca la recibirá, muere y revive de angustia con sólo imaginárselo, y supone que esto le sucede a todo el mundo. De modo pues, que cuando denunciamos las agresiones económicas, los vendepatria asumen que nos referimos a lo que para ellos es importante y que en realidad a nosotros nos tiene absolutamente sin cuidado y más bien nos halaga, pero lo que denunciamos es aquello que para ellos carece de interés, porque lo último que les importa es el pueblo. Nos referimos pues, al daño que tanto las llamadas sanciones como las otras medidas injerencistas causan a nuestras instituciones, ya sea cuando éstas son afectadas de forma directa o cuando se afecta a sus directivos para entorpecer el funcionamiento de las mismas, ya ni se diga cuando las agresiones consisten en boicotear el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales o cuando buscan la destrucción de las empresas que financian programas sociales, todo lo cual impacta negativamente en los sectores populares.
Ahora, vayamos a lo principal. Al momento de ser aplicadas las leyes que llevaron a las inevitables detenciones de las personas que son mediáticamente presentadas como ex candidatos presidenciales sin serlo en realidad, el FSLN y su principal dirigente y candidato presidencial, Comandante Daniel Ortega, ya estaban bien arriba en las encuestas, pero además la derecha golpista a la que representan los detenidos estaba dividida en dos agrupaciones políticas. En tales condiciones, en las que el triunfo electoral sandinista era inminente, es obvio que si a alguien no le convenía política y electoralmente que la derecha golpista quedara fuera de la contienda electoral, era al sandinismo. Pero entonces, la única alternativa frente a la aplicación correcta de la ley era impedir que ésta se aplicara porque no era lo conveniente políticamente, lesionando así el funcionamiento del Estado de Derecho y más grave aún, sentándose el precedente funesto y peligrosísimo de incumplimiento de la ley y permisividad frente a la vulneración de la soberanía del país, para no pagar el costo político de la no participación electoral de los transgresores, frente a lo cual se optó por la decisión correcta: el respeto al Estado de Derecho y la aplicación, al costo que fuera necesario, de las leyes que defienden la soberanía y autodeterminación de Nicaragua, lo que de paso es un tapabocas para quienes acusan al sandinismo de irrespetar el Estado de Derecho y el funcionamiento de la institucionalidad democrática del país. Adicionalmente debe decirse que al estar inhibidos de antemano como candidatos por su participación en el intento de golpe de Estado en 2018, la detención de la mayor parte de los autoproclamados como tales no era necesaria si el objetivo fuera impedir su participación en las elecciones, lo cual demuestra con más claridad aún que esta no fue la razón de dichas detenciones.
Para colmo, ciertas trifulcas políticas internas de la derecha desembocaron en la cancelación de la personería jurídica a un insignificante Partido de Restauración Democrática (PRD), de filiación evangélica, cuestionado por sus propios miembros porque quería prestar su casilla electoral a una de las dos agrupaciones en que se habían mal organizado los golpistas, y finalmente la otra agrupación golpista, con la casilla también prestada, en este caso por el minúsculo partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), terminó también en el limbo, debido a que la Presidenta de dicho partido es ciudadana norteamericana y por tanto, todas las acciones legales que había hecho en representación de su partido quedaban anuladas al revelarse este hecho. Ya para entonces, no obstante, se habían aplicado las leyes correspondientes a los delitos públicamente cometidos y/o reconocidos sin empacho alguno por ellas mismas, a las más pretenciosas figuras de ambos grupos, que habían hecho públicas sus supuestas aspiraciones políticas, aunque sin liderazgo alguno que las justificara.
