Compartimos un artículo de Florencia Lagos Neumann, Corresponsal de Crónica Digital y Analista Internacional, Santiago de Chile, 18.03.2021.
A pesar de la pandemia y la creciente represión que ejerce el Estado de Chile sobre sus ciudadanos, las protestas masivas que tuvieron su momento más álgido en octubre de 2019, no se han detenido.
Reunirse todos los viernes en la Plaza de la Dignidad constituye un rito. La articulación y expresión popular tan censurada en nuestro país encontró un espacio en las calles, en las poblaciones desde donde día a día el pueblo construye identidad.
Producto de la crisis económica agudizada por la crisis sanitaria que ha traído como consecuencia el incremento de la cesantía, surgen con fuerza las “Ollas Comunes”, comedores donde millones de familias se alimentan y se organizan fortaleciendo la unidad popular.
El gobierno de Sebastián Piñera hasta la fecha no ha dado respuesta a las demandas históricas de la ciudadanía que dieron espacio al 18O, muy por el contrario, su agenda está enfocada en proteger a los grandes clanes financieros dentro de los que está inmerso el Presidente y su familia.
El gobierno de Piñera temprano visualizó esta coyuntura que sin represión mediante, no le permitiría implementar las medidas económicas tan necesarias para seguir protegiendo los intereses de las grandes corporaciones.
Esta es la razón para allanar poblaciones estratégicas de Santiago, militarizar la Araucanía, copar la Plaza de la Dignidad. Responde a un manual, una manera de operar que muy bien aprendieron todos los hijos de la escuela de Chicago: “La Doctrina del Shock”.
“Muchos observadores en Latinoamérica se dieron cuenta de que existía una conexión directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y la epidemia de torturas que castigaban a cientos de miles que creían en una sociedad distinta”.
Naomi Klein.
Esta es la verdadera razón por la cual como señaló frente a los Tribunales de Justicia el Encargado de Relaciones Políticas del Partido Comunista de Chile, Juan Andrés Lagos:
«Poder Judicial, Fiscalía, Tribunales, se están prestando para montajes y situaciones donde la prisión preventiva se transforma en castigo, en montaje y lo están aplicando sistemáticamente«.
Existe una necesidad imperiosa de parte del Estado de encarcelar la posibilidad de que surja nuevamente un tejido social poderoso, organizado, articulado y consciente de sus necesidades y derechos humanos. El gobierno de Piñera comprende que lo acontecido a partir del 180, el despertar de las conciencias es irreversible y necesitan frenar a como dé lugar un nuevo levantamiento popular.
Como señala el Doctor en Derecho, Claudio Nash, en un artículo de CIPER: “Con posterioridad a octubre de 2019, se ha visto una persecución penal intensiva respecto de las personas involucradas en protestas sociales a quienes se les ha aplicado una normativa especialmente gravosa con consideraciones políticas… Y una legislación política cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos (ley antibarricadas), dictada con el único fin de agravar la persecución por manifestaciones públicas en el marco de la revuelta del 18 de octubre.”
Actualmente, existen miles de presos políticos en Chile, acusados sin pruebas legítimas, víctimas de montajes de carabineros, hombres, mujeres y menores de edad que salieron a las calles a exigir una vida digna para todos y todas.
Muchos de ellos salen en libertad después de una prisión de más un año y no hay pruebas, sin embargo, el daño ya está hecho.
Para iniciar un proceso de discusión de una nueva Carta Magna, los protagonistas verdaderos de abrir ese camino deben ser parte y hoy están presos. Quienes se comprometan a luchar por una verdadera transformación, también deben comprometerse porque estas circunstancias queden superadas.
La continuidad histórica de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la prisión política, la tortura y asesinatos, ratificados en diversos informes internacionales, dan cuenta que enfrentamos sin eufemismos una verdadera Dictadura que aplica el Terrorismo de Estado en Chile contra su “enemigo interno”: el pueblo.
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