El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este miércoles la renovación del decreto por parte de la administración de Joe Biden que cataloga al país suramericano como una «amenaza inusual y extraordinaria».
«Venezuela rechaza categóricamente la renovación del decreto ilegal bajo el cual el Gobierno de EE.UU. aplica medidas coercitivas unilaterales como parte de su política de agresiones crueles y sistemáticas en contra del pueblo», indicó el canciller Arreaza.
En el documento proferido por la Cancillería venezolana se ratifica que la medida representa una violación al Derecho Internacional, «este decreto contrario al Derecho Internacional, constituye una afrenta al sistema multilateral y debe ser derogado», agrega.
«Estados Unidos ignora el claro llamado hecho por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el Impacto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el disfrute de los Derechos Humanos, quien instó a levantar de manera inequívoca estas medidas arbitrarias que no se ajustan al Derecho Internacional», expone la Cancillería en Caracas.
El pronunciamiento de las autoridades diplomáticas venezolanas llega después de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, ratificara que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Washington, «es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela», agregó Biden.
El cuestionado decreto fue impulsado por primera vez por el pasado 8 de marzo de 2015 por el entonces inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, que con esa orden empezó el ilegal bloqueo económico, financiero y comercial que EE.UU. ha emprendido contra Venezuela.
Se estima que en las próximas horas, la decisión de Joe Biden sea ratificada y posteriormente publicada en el Registro Nacional y en el Congreso de EE.UU.
Impactos de las ilegales sanciones contra Venezuela
El Decreto dejado por Obama fue el inicio de una serie de sanciones impulsadas por el entonces presidente de EE.UU., Donald Trump, las cuales causaron un impacto en el desarrollo econóico y social de Venezuela.
En su reciente pronunciamiento ante la legítima Asamblea Nacionmal, el presidente venezolano Nicolás Maduro, denunció que las sanciones han golpeado el salario de los trabajadores, «entre el 2007-2012 el Gobierno obtuvo 56.900 millones de dólares en una economía sana, pero del 2015 al 2018 cayó drásticamente por los ataques (…) el salario económico ha sido uno de los más impactados, así como, nuestras empresas petroleras», acotó.
«Entre los años 2014-2017 la producción de PDVSA cayó un 69 por ciento por las sanciones y bloqueos criminales (…) Duramos 13 meses sin vender una sola gota de petróleo al mundo. pero aún así pudimos mantener la inversión social», expresó el jefe de Estado.
Aludiendo a los impactos de la producción de PDVSA, el presidente aseveró que a causa de las sanciones se han perdido 102.5 millones de dólares y 2.153 millones de barriles en volumen de crudo para refinación y exportación.
«La política criminal de Donald Trump ha sido la de perseguir de forma criminal las cuentas venezolanas, nos han robado más de 43.000 millones de dólares. Esto ha ocasionado un saldo criminal en la vida social del pueblo venezolano», enfatizó el presidente Maduro.
Además de las ilegales sanciones que golpean la economía de la nación suramericana, Washington también emprendió una política para derrocar al Gobierno de Maduro con intentos de golpe de Estado y hasta el ofrecimiento de «recompensa» contra miembros del Ejecutivo venezolano.
Fuente: TeleSur
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