El 4 de noviembre de 1970, dos meses después de una victoria, a la postre histórica, de fuerzas progresistas y de izquierda, tomó posesión como presidente de Chile, Salvador Allende Gossens para un mandato que, sin embargo, no llegaría a completar porque fue interrumpido por el golpe de Estado de Augusto Pinochet Ugarte el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué fue el Gobierno de la Unidad Popular?
Inti Illimani puso letra y música al momento: «Porque esta vez no se trata, de cambiar un presidente/ será el pueblo quien construya, un Chile bien diferente/ Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la Unidad Popular, es para todo el que quiera», todo ello en la Canción del Poder Popular, hace 50 años.
El gobierno de la Unidad Popular chilena, una coalición política que consiguió la imposible misión de aunar bajo un mismo paraguas a partidos de izquierda, quería terminar con las desigualdades históricas que había sufrido el pueblo andino y hacer partícipes a sus ciudadanos del proceso de transformación social por «la vía pacífica», en contraste con la «vía cubana» de 1959, cuando Fidel Castro y el Ejército Rebelde habían expulsado del país a un tirano militar y desplengado la primera revolución socialista en el hemisferio occidental.
Esa «vía chilena» al socialismo o «la revolución con empanadas y vino tinto», contemplaba la ejecución del Programa de la Unidad Popular el cual se resumía en 40 puntos e incluía desde medidas tan revolucionarias como la nacionalización de las principales empresas del país (entre ellas, el cobre), hasta disposiciones adelantadas a la época, como el asegurar a cada niño y niña el consumo de medio litro de leche diaria, o la descentralización del acceso al arte a través de la creación de los Institutos Provinciales de Cultura.
Se trataba de un proyecto transformador e integral que no dejaba al descuido ningún aspecto del desarrollo social, económico y humano. Pese a enormes obstáculos que tuvo que enfrentar desde mucho antes de su posible victoria frente al candidato Eduardo Frei, en las elecciones de 1970, el inacabado gobierno de Allende abrió una brecha que la derecha se apresuró en tapiar desde septiembre de 1973.
Fue un gobierno asediado desde antes de ingresar a La Moneda y tuvo que enfrentar un ataque brutal de la embajada de Estados Unidos y sus aliados locales: toda la derecha, la vieja y la nueva (la Democracia Cristiana), las corporaciones empresariales, los grandes empresas y sus medios de comunicación, la jerarquía eclesiástica y un sector de las capas medias, víctimas indefensas ante un terrorismo mediático que no tenía precedentes en Latinoamérica. Pese a ello pudo avanzar significativamente en el fortalecimiento de la intervención estatal y la planificación de la economía.
Logró estatizar el cobre mediante una ley aprobada casi sin oposición en el Congreso con lo cual se puso fin al saqueo que practicaban las empresas estadounidenses con el consentimiento de los gobiernos precedentes. También puso bajo control estatal al carbón, el salitre y el hierro, así como recuperó la estratégica acería de Huachipato; aceleró la reforma agraria con el otorgamiento de tierras a unos 200.000 campesinos en casi 4.500 predios y nacionalizó la casi la totalidad del sistema financiero, la banca privada y los seguros, con lo cual adquirió, en condiciones ventajosas para su país, la mayoría accionaria de sus principales componentes.
También nacionalizó la International Telegraph and Telephone (IT&T), que detentaba el monopolio de las comunicaciones y que antes de la elección de Allende había organizado y financiado, junto a la CIA, una campaña terrorista para frustrar la toma de posesión del presidente socialista.
Estas políticas fructificaron en la creación de un «área de propiedad social», en las cuales en donde las principales empresas que condicionaban el desarrollo económico y social de Chile (como el comercio exterior, la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa y el papel) pasaron a estar controladas o al menos fuertemente reguladas por el estado.
Todas estas conquistas fueron de la mano de un programa alimentario, donde sobresalía la ya mencionada distribución de medio litro de leche para cada niño. En ese mismo sentido, su gobierno promovió la salud y la educación en todos sus niveles, democratizó el acceso a la universidad y puso en marcha a través de una Editorial del estado, Quimantú, un ambicioso programa cultural que se tradujo, entre otras cosas, en la publicación de millones de libros que se distribuían de manera gratuita o a precios irrisorios.
Fue también un antimperialista sin fisuras y un amigo incondicional de Fidel Castro, como antes lo fue del Che y, en general, de toda la Revolución Cubana cuando tal cosa equivalía a un suicidio político y lo convertía carne de cañón los medios de prensa chilenos desde Estados Unidos. Este compromiso militante lo llevó a vijar a La Habana y recibir, en 1971, al propio Fidel en una larga visita por el territorio andino.
Ahora que Chile se asoma a una nueva Constitución, la cual enterrará la de Pinochet, regresan los versos de Inti Illimani: «la Unidad Popular, es para todo el que quiera».
Fuente: https://telesurtv.net/
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