La política de demolición israelí para expulsar a los palestinos

La colonización permanente de Israel sobre territorio palestino es un tsumani que parece imposible de frenar. Para que esta marea salvaje siga dividiendo y ocupando de manera ilegal la tierra de la Palestina histórica, cuenta con un andamiaje estatal e internacional que le permite avanzar con sus políticas de despojo del pueblo palestino, que comenzó hace más de siete décadas.

Si en el mundo actual existe un plan colonial sistemático, es el que aplica Israel de forma cotidiana. Con el aval de las potencias internacionales, ante la impotencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sostenido en los sectores de la ultraderecha judía y en el lobby sionista que opera en las oficinas de los funcionarios de alto rango de la mayoría de los países, Tel Aviv busca finalizar la expulsión de los palestinos y las palestinas de sus tierras. Para eso, se vale de los últimos avances tecnológicos de sus fuerzas armadas y de una brutalidad pocas veces vista en el mundo contemporáneo.

Con apenas un seguimiento mínimo de las noticias diarias que llegan desde Palestina, se puede constatar la sistematización por parte del Estado israelí para negar los derechos básicos a los y las pobladoras palestinas.

Demoler y ocupar

El 20 de octubre se conoció que el gobierno israelí tiene la intención de demoler 13 casas palestinas en la parte ocupada de Jerusalén. El municipio emitió los decretos para llevar adelante las demoliciones en el barrio de Silwan. El pretexto para tomar esta medida fue el mismo de siempre: que las viviendas fueron construidas sin un permiso oficial israelí. En el mismo barrio también hay casas no autorizadas, ocupadas y habitadas ilegalmente por colonos israelíes, aunque esta situación no preocupa a las autoridades del Tel Aviv.

Según la organización de derechos humanos B’Tselem, la “destrucción del barrio Silwan niega a sus residentes el derecho a la vivienda, que se deriva del derecho a una vida digna, tal como se define en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El mismo día en que se conoció esta noticia se reveló que colonos israelíes inundaron con aguas residuales las tierras agrícolas la ciudad de Sebastia, al noroeste de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada. Muhammad Azim, alcalde de Sebastia, denunció que los colonos pertenecen al asentamiento Shafi Shimron, construido sobre tierras palestinas en noroeste de Nablus. Azim explicó que se abrieron las alcantarillas de las aguas residuales para inundar las tierras, en las que los palestinos y las palestinas cultivan albaricoque y olivos, por lo cual le ocasionan grandes pérdidas.

El 18 de octubre, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) denunció que Israel se apoderó de 36 áreas en Cisjordania ocupada, con la justificación de que forman parte de una “reserva natural”. Para este tipo de robo de tierras, Tel Aviv las califica como “zonas de interés”, las pone bajo control militar y luego se inicia la construcción de asentamientos.

Ante este hecho, el Director General de Recursos Naturales de la Autoridad Medio Ambiental de Palestina, Issa Musa, declaró a la emisora La Voz de Palestina que en Cisjordania existen muchas áreas que fueron declaradas reservas naturales por las autoridades hebreas con el objetivo de convertirlas en campamentos militares y asentamientos. En Cisjordania hay 51 reservas naturales, de las cuales 15 están bajo “soberanía” palestina, y unas 36 están, ubicadas en territorios ocupados clasificados como áreas C, se encuentran con control militar israelí. Según los fallidos Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre la ANP y el gobierno de Tel Aviv, esos espacios son reconocidos como “territorios ocupados”, por lo cual Israel no tiene permitido realizar modificaciones y construir nuevas colonias.

Issa Musa además recordó que las 1.100 hectáreas que la ocupación israelí incautó para transformarlas en supuestas reservas naturales son, de hecho, tierras agrícolas fértiles en el área de Jericó, al sur de Al Yiftlik, Deir Hajla y la región oriental de Tayasir, en Tubas. El funcionario alertó que la transferencia de tierras a la calificación de “reservas naturales” no se hace por decisiones militares, sino con estudios de campo, y existen criterios para reconvertirlas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde existen especificaciones especiales, algo con lo que Israel no cumple.

Silencio internacional

El 15 de octubre, Palestina demandó a la comunidad internacional detener la construcción de de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. Ese día, el Consejo Supremo de Planificación (CSP) de Israel aprobó la construcción de 2.166 unidades en decenas de asentamientos en la región palestina. El portavoz de la ANP, Nabil Abu Rudeineh, declaró que esta decisión de Tel Aviv “viola todas las resoluciones internacionales, incluyendo la Resolución 2334 que considera ilegales todos los asentamientos israelíes en los territorios del Estado palestino”. Rudeineh aseveró que Cisjordania “no gozará de estabilidad si no se detienen las violaciones israelíes contra los palestinos”.

El propio enviado de la ONU para Medio Oriente, Nickolay Mladenov, condenó la resolución del CSP. Aunque el funcionario llamó a las autoridades israelíes a “”detener inmediatamente todas las actividades relacionadas con asentamientos”, sus palabras –como casi todas las declaraciones de la ONU al respecto- se las llevó bien lejos el viento.

Esta semana, la ONG de derechos humanos Al Haq informó que durante la segunda mitad de 2020 se registró un incremento significativo de las demoliciones de propiedades palestinas por parte de Israel. Mientras que el promedio de casas palestinas demolidas fue de 31 durante los primeros seis meses de este año, en julio, agosto y septiembre se evidenció un promedio de 59 demoliciones por mes. En los territorios palestinos ocupados, en total fueron destruidas 186 propiedades durante el primer semestre de 2020, en tanto que 177 fueron demolidas en el período julio-septiembre. Al Haq recordó en su informe que en 2018 y 2019 los promedios de demolición de propiedades palestinas fueron de 22 y 30, respectivamente. Desde la ONG reiteraron la denuncia de que Israel incumple sus obligaciones en el marco del derecho internacional. A su vez, apuntaron que la política israelí tiene como objetivo final “trasladar por la fuerza a las comunidades palestinas de sus hogares” y crear “un entorno coercitivo para los palestinos, que equivale a una transferencia forzosa directa e indirecta, prohibida por la Cuarta Convención de Ginebra y que puede constituir un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”.

La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe a un Estado ocupante destruir propiedades de los residentes del territorio ocupado, que se benefician del estatus de personas protegidas. Esta resolución internacional importa muy poco entre la clase gobernante israelí. Como tampoco les interesa respetar la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en 2016, que asevera que los asentamientos impuestos por Israel “no tienen validez legal” y violan el derechos internacional.

El mal llamado “conflicto palestino-israelí” no es una derivación de supuestas guerras religiosas en Medio Oriente, creadas en el imaginario de Occidente de forma artificial. Como tampoco el régimen nazi de Adolf Hitler fue la construcción alucinada de una persona demente.

En la actualidad, Israel es el ejemplo más extremo de un sistema basado en el capitalismo, el racismo y la negación de la existencia de un pueblo, como lo es el palestino. Cada gobernante del mundo que mantenga silencio ante esta realidad es, simplemente, cómplice del colonialismo en pleno siglo XXI.

Por Leandro Albani Twitter @LeanAlbani

Fuente: https://palestinalibre.org/