Como es de público conocimiento, el pasado viernes fueron emitidas por parte de la fiscalía boliviana las órdenes de detención a Jeanine Áñez, cinco de sus ex ministros, y seis jefes militares, por el caso Golpe de Estado que se sigue por la ruptura constitucional producida en noviembre de 2019. En virtud de esta acusación por delitos de sedición, conspiración, y terrorismo, fueron detenidas algunas de esas autoridades, incluyendo a la ex presidenta Áñez.
- Con respecto a estos hechos, desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (FOLADH) consideramos pertinente insistir en los señalamientos hacia la grave crisis de derechos humanos ocasionados a partir de la ruptura del hilo constitucional en el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, que encabezaron, entre otras, las personas contra las que se han dirigido estas órdenes de detención. La represión generalizada y con numerosos hechos de militarización y criminalización de la protesta social, no pocos, catalogables como graves y masivas violaciones a derechos humanos y hasta de crímenes de lesa humanidad, como las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ameritan que los órganos de justicia de Bolivia investiguen y juzguen tales hechos, y la más absoluta condena y denuncia internacional.
- La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudo constatar en su visita a Bolivia en noviembre de 2019 las abundantes pruebas y denuncias de víctimas, familiares y organizaciones, en el marco de la cruenta y militarizada represión ocurrida particularmente en las primeras semanas de la toma del mando por parte del gobierno de Jeanine Áñez, durante el proceso electoral en el que se encontraba el país. Desde entonces, la instancia interamericana ha desarrollado diversas sesiones recogiendo las denuncias de la sociedad civil y organizaciones y activistas de derechos humanos. En agosto del año pasado, también, fueron ingresadas denuncias ante la “Relatoría de Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” y ante al “Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria”, ambas instancias de la Organización de Naciones Unidas, ONU. En septiembre pasado, la Defensoría del Pueblo boliviana, encabezada por Nadia Cruz y desconocida por el gobierno de Áñez, lo acusó de delitos de lesa humanidad.
- Es relevante señalar, más aún hoy con la prueba acumulada durante el último año, que más allá del debate ocasionado por la nueva reelección de la dupla Evo Morales – Álvaro García Linera, la ruptura constitucional que encabezó Jeanine Áñez se intentó fundamentar en una acusación de fraude electoral cuya no probado, y que los antecedentes e investigaciones posteriores han mostrado que no existió. Tras la toma del mando gubernamental, y en el transcurso de los meses, el gobierno de Áñez acrecentó su falta de legitimidad, con persecuciones y represión a movimientos sociales y opositores, y la postergación de las comprometidas nuevas elecciones en virtud de su compromiso al asumir bajo el título de “presidente interina” del país, el 12 de noviembre de 2019. Desde el FOLADH, llamamos la atención acerca de la coparticipación en toda la cadena de estos hechos de parte de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo de Luis Almagro, y repudiamos categóricamente la utilización de la OEA como organismo injerencista y propiciador de escenarios de desestabilización como el que ocurrió en este caso. Es más, el día de hoy, la Secretaría General de la OEA ha emitido un nuevo comunicado sobre la situación en Bolivia, formulando, entre otras opiniones de abierta parcialidad y sesgo, críticas hacia la forma de conformación de las autoridades del Poder Judicial boliviano, e incluso llamando a la “liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades”, y afirmando “la existencia de variables de persecución política”. La actitud sesgada, parcial, e injerencista de la Secretaría General de la OEA no puede si no motivar el más absoluto rechazo de parte de las fuerzas democráticas y defensoras de los derechos humanos en la región.
- Como han señalado las abundantes acusaciones, el gobierno de Áñez ejecutó una masiva y generalizada violación de derechos humanos, particularmente contra dirigencias y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), contra grupos vulnerables, pueblos indígenas, y habitantes de barrios periféricos, ordenando, impulsando y tolerando innumerables actos de hostigamiento, racismo, discriminación, y violencia de parte de militares, policías, y grupos paraestatales. Las altas autoridades del gobierno de Áñez protagonizaron una alta violencia verbal, física, y simbólica, ataque a emblemas constitucionales como la wiphala, y un discurso del “enemigo interno”. Además, más de 150 dirigencias y militantes del Movimiento Al Socialismo fueron sometidos a juicios bajo cargos de sedición y terrorismo, incluyendo las acusaciones hacia el propio Evo Morales por terrorismo, todas, sin fundamentos plausibles y haciendo parte de una campaña de persecución y exclusión política de la principal fuerza opositora al gobierno de entonces.
- Una particular gravedad en esta cadena de hechos de violencia, represión, y terrorismo estatal, lo representaron las masacres en Sacaba, Departamento de Cochabamba, y en la zona de Senkata, en El Alto, Departamento de La Paz, los días 15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente. Estos dos hechos, con abundante uso de armamento letal y no letal de parte de las policías y militares, dejaron un saldo de 21 personas muertas y más de 70 con heridas de gravedad, incluyendo ataques y hostigamiento en el transcurso del socorro y atención médica de las personas heridas. En los sucesos en Senkata, incluso, fue utilizado un avión de guerra que sobrevoló el lugar de los hechos a baja altura, entre otros modos de amedrentamiento y represión estatal. En otros hechos constitutivos de la más alta gravedad, se ejecutaron torturas a numerosas personas, entre ellos a periodistas y dirigencias vinculadas con el proceso de cambio liderado por el Movimiento Al Socialismo, como, para citar un caso cuyas imágenes recorrieron el mundo, la de la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, o el de Sebastián Moro, periodista argentino, quien trabajaba en medios de comunicación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB, y quien falleció por causas no esclarecidas oficialmente tras 6 días de internación clínica, tras ser encontrado semi inconsciente con numerosas y graves lesiones y traumatismos cuya causa no pudo ser si no una brutal golpiza en su propia vivienda.
- Por todas estas circunstancias, desde el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos nos sumamos a los anhelos de justicia, verdad y reparación acerca del conjunto de estas tan graves violaciones contra la democracia y los derechos humanos del pueblo boliviano y muy en particular de los derechos de las víctimas más directas de los hechos reseñados, y nos hacemos parte de las denuncias públicas hacia la actuación de las más altas autoridades civiles y militares que ordenaron y ejecutaron esta serie de acciones.
Fuente: http://foladh.org/
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