Compartimos con nuestros lectores un artículo del Politólogo Oscar Gómez, titulado originalmente«Tensión diplomática entre el Gobierno de facto de Bolivia y el Gobierno constitucional de México». A continuación se presenta el texto:
El gobierno de facto e inconstitucional de Jeanine Áñez ordenó la expulsión de la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, y del personal diplomático español acreditado en Bolivia, al que pertenecen la encargada de negocios, Cristina Borreguero y el cónsul, Álvaro Fernández, tras los hechos ocurridos en la embajada de México en La Paz.
La presidenta golpista Áñez explicó en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno que su Ejecutivo «decidió declarar personas no gratas» a los funcionarios mencionados, así como «al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados». La decisión adoptada por el Ejecutivo de facto incluyó un plazo de 72 horas para que estas personas abandonaran Bolivia.
Áñez especificó que «la conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia», de los supuestos encapuchados que escoltaban a la encargada de negocios de España en Bolivia, son hechos que no se pueden «dejar pasar».
En la mañana, la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, denunció en Twitter que la policía boliviana detuvo el automóvil con placas diplomáticas donde viajaba la encargada de negocios y cónsul de España en el país andino.
¿Cómo se dieron los hechos?
No obstante, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Julio Cordero, informó en el transcurso del día que los supuestos encapuchados eran en realidad agentes que protegían a la encargada de negocios de España en Bolivia, quien ingresó a la Embajada mexicana para sostener una reunión.
Cuando la policía y los servicios de inteligencia bolivianos intentaron detener a la comitiva de seguridad de la diplomática española, quienes iban cubiertos con bufandas, éstos se negaron a ser detenidos y se marcharon del lugar, según declaró Cordero.
El Gobierno Golpista de Bolivia sigue violando las normas del Derecho Internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones diplomáticas en su artículo 22, numeral 3, establece lo siguiente:
“Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.”
La confusión de este viernes se produjo en medio de un clima de tensión diplomática ante lo que el Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó como un «asedio sin precedentes» contra una sede diplomática mexicana.
Ante la actitud injustificable por parte del Gobierno de facto, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana instruyó a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, para regresar a su país, con el fin de «resguardar su seguridad e integridad», tras la expulsión.
La Embajada de México en Bolivia será asumida por Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión, según informó el Gobierno mexicano en un comunicado, en el que también se indica que la representación diplomática del país continuará operando con normalidad en La Paz.
¿Por qué existe un asedio a la Embajada de México de parte del Gobierno Golpista de Bolivia?
A raíz del Golpe de Estado perpetrado por los opositores de extrema derecha al servicio de Estados Unidos, nueve (9) funcionarios del Gabinete de Gobierno del presidente constitucional Evo Morales, solicitaron ante la Embajada de México, asilo político.
Las nueve autoridades son: Juan Ramón Quintana (Ministro de la Presidencia), Wilma Alanoca (Ministra de Culturas), el Gobernador de Oruro Víctor Hugo Vázquez, el Director de gobierno Electrónico Nicolás Laguna, el intelectual Hugo Moldiz Ministro hasta el 2015, miembro de la Secretaría Internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad -Red EDH-, el Ministro de Defensa Javier Zavaleta, el Ministro de Justicia Héctor Arce, el Ministro de Minería Félix César Navarro y Pedro Damián Dorado, viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario.
De igual forma, el Gobierno de México gestionó un Salvo Conducto, el cual es un documento extendido por una autoridad que permite al portador viajar libremente y sin riesgo por un lugar determinado.
Este documento fue gestionado ante el Gobierno golpista y el mismo fue negado. Cabe destacar que negar Salvoconductos es una violación flagrante al Derecho de Asilo, la Convención de Ginebra, el Derecho Internacional Público y los Derechos Humanos.
Han pasado 45 días desde que el gobierno de México otorgó asilo y solicitó los correspondientes Salvoconductos. Seguir prolongando su retención es convertirlos en rehenes políticos del régimen dictatorial que impera en Bolivia.
Esto causó que el Gobierno golpista mantenga un excesivo operativo policial y militar frente a la embajada de México en La Paz, Bolivia, custodiada las 24 horas por más de 90 agentes y por donde vuelan drones para fotografiar el interior del recinto, a la vez posicionando francotiradores para asediar a la Embajada.
El Gobierno golpista de Bolivia está violando las normas del Derecho Internacional que rigen las relaciones entre los Estados, esta violación generó que el Estado Constitucional de México demande al Gobierno golpista ante la Corte Penal Internacional.
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