Compartimos con todas una entrevista realizada por Houstan Castillo, corresponsal Voz de América a Francisco Bautista Lara (Especialista en Seguridad Ciudadana) el 24 de noviembre de 2018, titulada «Nicaragua retoma rumbo de seguridad ciudadana y estado de derecho». A continuación se presenta el texto original.
Muchos municipios del país están tomados por la Policía Nacional. Hay constante patrullaje por las principales vías del país. Hay presencia policial en colegios, universidades, en centros comerciales. Se ha prohibido cualquier tipo de manifestación. ¿Hay en verdad un estado policíaco?
Te aclaro, no ha habido solicitud de permiso para ninguna movilización o manifestación política, solo se notificó, no se ajusta la carta enviada -conocida públicamente-, a lo normado, es una práctica de hace más de treinta años, los partidos políticos y otros grupos la conocen y han realizado ese trámite en fechas anteriores, aunque entre abril y agosto, se olvidó o incumplió lo establecido, conviene respetar el ordenamiento por el bienestar común. Exigir un derecho obliga a asumir alguna obligación.
Afortunadamente la Policía y las instituciones del estado han retomado el rol que tienen por competencia. Si vos dividís el escenario de Nicaragua del año 2018, a principios del 2018 en Nicaragua la situación era estable. La situación económica, social y de seguridad de Nicaragua era óptima. Es decir, la mejor de Centroamérica.
Después se dio una crisis entre abril y julio de violencia que comenzó con una protesta legítima, pero que desencadenó rápidamente en niveles de violencia extremos, que instalaron tranques, etc., y durante ese período de tiempo, la mayor parte de las instituciones del estado, incluso la policía, dejaron de actuar. Por la razón que haya sido, la policía se replegó.
Ahora, me parece legítimo, que la policía tome tu rol para restablecer el orden frente a los niveles de violencia que se presentaron. Eso permite que la mayoría de ciudadanos comencemos a trabajar, a regresar a nuestras labores culturales, sociales, a movilizarnos en las calles, el comercio, etc.
Lamentablemente la situación que se dio entre abril y julio, impidió el libre desempeño y la libre movilización de los ciudadanos, provocó tragedias, realmente lamentables: 198 víctimas fatales, entre ellas 22 policías. Casi 400 vehículos destruidos. Casi 300 instalaciones públicas y privadas fueron dañadas. Fue un saqueo, una asonada, cuyo propósito fue dicho públicamente, era destituir al gobierno legítimamente constituido.
A mí me parece correcto que la gente tenga diferencias políticas. Lo que no comparto desde ningún punto de vista es que los métodos sean violentos, que provoquen destrucción, eso es delictivo. Creo que la policía está obligada a hacer uso de los mecanismos legítimos para la persecución penal de las responsabilidades por los hechos delictivos ocurridos, y además prevenir que hechos similares ocurran.
De tal forma que creo que las fuerzas políticas del partido de gobierno, han retomado su movilización política que estuvo prácticamente proscrita: no salieron a las calles durante estos meses de asonadas. Después la organización política de ese partido, el Frente Sandinista, ha retomado la movilización, tiene presencia física en las calles, legítima también. Con un carácter debidamente preventivo para evitar los niveles de violencia que se vieron antes.
Los hechos ocurridos plantearon un extremo de violencia. La policía, por derecho y por obligación constitucional del estado de Nicaragua, está obligada a preservar la seguridad pública y la seguridad ciudadana. No está proscrita, no está inhibida a estar presente en todos los espacios públicos necesarios.
Creo que es correcto, porque los extremos de violencia que se dieron son lamentables, hay que evitar que la agresión violenta se vuelva a dar en los niveles que ocurrió, y que provoquen los daños conocidos. Lo que aquí tenés no es un estado policíaco, sino un estado de derecho donde las instituciones públicas, incluso la policía, está cumpliendo su labor para que la mayoría de los ciudadanos nicaragüenses podamos trabajar y desempeñarnos en las actividades sociales, culturales, económicas, etc., con la mayor tranquilidad posible. Creo que es correcto y está cumpliendo su obligación.
Si no fuera el estado o la policía que pone el orden, ¿quién lo va a poner? Aquí vas a tener la presencia del caos y la anarquía absoluta, la imposibilidad de movilizarte, eso me parece que no beneficia absolutamente a nadie.
Hay expertos constitucionales que dicen que a veces la policía quiere pasar por encima de la Constitución al violar los artículos 53 y 54, que le permite a todo nicaragüense organizarse, ya sea en espacios públicos o privados.
Esa es una interpretación ligera e incorrecta. Nosotros estamos aquí reunidos, en una reunión pacífica, y ¿a quién le pedimos permiso? A nadie, porque este es un lugar privado.
La Constitución establece en los artículos 53 y 54, el derecho de reunión pacífica, y ese derecho no requiere de permiso previo de nadie. Estamos reunidos ahorita, y no tenemos que pedirle permiso a nadie, porque es una conversación privada y pacífica.
Reunión “pacífica”, es el adjetivo calificativo fundamental: cualquier reunión que no sea pacífica, es asociación ilícita para delinquir, es delictiva.
El segundo artículo constitucional habla de la movilización, manifestación, etc., y agrega un elemento implícito: “pública”. El elemento que agrega “pública”, significa que se realiza en la vía y en espacios públicos. Y dice: “de conformidad con la ley”. Es decir que está normado o regulado por la ley: lo rigen leyes secundarias. Por ejemplo, vos tenés derecho a la libre movilización, pero hay una Ley de Tránsito, donde dice que hay señales de tránsito, un “alto” a veces, o te dice si hay “una vía” o dos. Alguien puede decir: “Pero la libre movilización dice que tengo derecho a movilizarme con libertad”, pero cuando es “luz roja”, no podés pasar.
De tal forma que el artículo constitucional de libre movilización es legítimo y es correcto, está condicionado porque se hace en espacio público donde podrías restringir derechos de otros ciudadanos a la libre movilización y por lo tanto estás obligado a pedir permiso previo, un trámite previo, donde debés decir hora, día, lugar, ruta, ¿quiénes se responsabilizan de las consecuencias? Organización o persona, y además ¿cuál es la garantía o fianza para que eso ocurra con la mayor tranquilidad? ¿Qué pasa si en una marcha se provoca un daño a uno o dos vehículos particulares? ¿A una casa? ¿A un local público? ¿Quién responde?
Si cuantificamos los daños provocados, sólo en daños públicos son más de 200 millones de dólares, entre abril y julio, daños que son propiedad de todos los nicaragüenses, que alguien destruyó y no respondió por esa destrucción. ¿Cuántas casas particulares? ¿Cuántos carros particulares? ¿Cuántos espacios públicos y municipales fueron dañados? El daño que ocurrió en el país fue muy grande. Podemos argumentar: “Los derechos están condicionados por los derechos de otros, y no pueden pasar por encima de los derechos de otros”.
El principal propósito de esto es que los nicaragüenses podamos vivir y trabajar en paz, y que toda aspiración política deba recurrir a los mecanismos lícitos, pacíficos y legítimo.
¿Considera que son violentas las manifestaciones de la oposición?
La mayoría ha tenido consecuencias lamentables. Es decir, todos los daños causados sobre la vía pública y el nivel de riesgo ante esa situación, los tranques han sido violentos y eso ha causado daño real. Creo que el estado y la policía están obligados a llevar la mayor precaución posible, y estas organizaciones políticas que tienen un planteamiento político, deben de recurrir a los mecanismos legítimos, cívicos y democráticos para aspirar al poder político.
¿Qué opina de los pronunciamientos que ha hecho la Organización de Estados Americanos, la CIDH, la Organización de Naciones Unidas que dicen que en Nicaragua también se está formando un estado policíaco? Ayer salió un comunicado donde dice que el Estado de Nicaragua debe respetar el derecho a la manifestación, luego que fue negado este permiso.
El Estado tiene que respetar este derecho a la manifestación en los términos de la ley, eso es correcto. Muchos de los organismos a los que te referís han recogido información parcial, lamentablemente, y han tomado una posición política sesgada, han perdido la objetividad y el balance para una solución apropiada del conflicto.
Cuando hablás de los muertos, hay también 22 policías muertos. Es decir, en el universo de víctimas hay sandinistas y no sandinistas, y ciudadanos comunes y corrientes, ese universo son ciudadanos nicaragüenses todos. Es una confrontación, es una violencia provocada por una protesta política que se desnaturalizó en su carácter cívico y legítimo, provocó un daño terrible al país: humano, material, moral, a la imagen pública e internacional.
Muchos de los organismos internacionales se dejaron llevar por noticias falsas. Las “Fake News” abundaron en los medios nacionales e internacionales, y lamentablemente, fueron pocos los espacios que lograron plantear información balanceada sobre las circunstancias que estaban ocurriendo. Pero la mayoría, las transnacionales de las noticias, se limitaron a plantear una cara de la moneda, y una cara “falsificada”, y generó posiciones políticas y actitudes internacionales incorrectas, que tarde o temprano terminarán desmontándose porque, al final, la verdad prevalece.
¿Considera que los opositores intentaron un golpe de Estado?
La definición de golpe de Estado es intentar sacar a un gobierno legítimo por la violencia. Aunque la protesta comienza por un reclamo a la reforma del seguro social, a los pocos días, ese reclamo no es ese, sino que plantea: ¡que el gobierno se vaya ya! En la mesa de diálogo quedó claro, lo que querían negociar era que se fuera “ya” el gobierno. Había situación de violencia y provocación extrema, por lo tanto, eso da los rasgos y características de la definición de golpe de Estado, que podés encontrar en distintos diccionarios.
Tomado de: https://franciscobautista.com
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